El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) advirtió que presuntamente el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC ) estaría ejerciendo presiones e intimidaciones dirigidas a obtener la continuidad de contratos de aporte, por fuera del marco jurídico que rige la contratación estatal.
Según advirtió la institución, el CRIC ha amenazado con dejar sin atención a más de 9.600 niños y adolescentes, exigiendo al ICBF que los nuevos contratos mantengan las condiciones vigentes hasta el 31 de octubre para seguir con la prestación de servicios.
Sin embargo, el ICBF reiteró que la celebración de estos nuevos contratos debe de realizarse bajo el estricto cumplimiento de la ley.
“El Instituto reitera que las decisiones de una entidad pública no se imponen mediante amenazas ni se negocian al margen de la ley. Esta administración tiene un compromiso irrenunciable: trabajar por, para y con los niños y adolescentes de Colombia, garantizando sus derechos con transparencia, equidad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos”, señaló el ICBF.
“Ningún acuerdo o condición particular puede justificar el desconocimiento de las normas vigentes”, añadió el Instituto.
El ICBF aseguró que mantendrá abiertos los canales de diálogo, sin embargo, no atenderá amenazas o presiones de ningún tipo.
Por su parte, el CRIC no ha hecho referencia a las presuntas presiones y amenazas advertidas por el ICBF. Sin embargo, sí ha enfatizado en la necesidad de respetar los compromisos establecidos y la protección de la autonomía y gobierno propio de los pueblos indígenas.
“Ante la falta de respuesta del nivel regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a las solicitudes de diálogo, se exige una interlocución efectiva que permita atender las exigencias políticas y organizativas de las autoridades”, señaló el CRIC, a través de sus redes sociales.
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