En la Comisión Primera del Senado de la República se inició la discusión de una reforma constitucional con la cual se pretende que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) culmine sus labores en el año 2028.
Se trata de una iniciativa que impide la prórroga automática de dicha jurisdicción por cinco años más, tal y como quedó previsto en el acto legislativo que le dio vida.
Durante su exposición, el senador Enrique Gómez, autor de la propuesta, advirtió que la JEP ha servido como fortín burocrático para la contratación por prestación de servicios, generando una enorme nómina paralela en los últimos 7 años.
“La nómina paralela de la Justicia para la Paz pasó del inicio de esta corporación de 134 cargos a 1.218, partiendo de la base de que todos los comparecientes habían sido amnistiados desde 2016. Cómo le explicamos a los colombianos que este costo de contratos en 2026 ya suma 62.000 millones”, sostuvo.
Dijo que la correlación entre las OPS y la planta es del 25%, lo cual sitúa a esta corporación en una situación ostensiblemente mayor a la que tienen todas las demás corporaciones judiciales.
“Un aumento de 1084 contratistas en menos de siete años y visto el resultado que se ha venido evidenciando a nivel de sentencias y resolución de situación jurídica, no tiene en la práctica ninguna justificación”, dijo.
En contraste, la senadora Carolina Corcho defendió el funcionamiento de la JEP y dijo que acabar con esta entidad traería graves consecuencias para las víctimas y para los comparecientes. Pero no solo eso, también dijo que este proyecto podría ser inconstitucional.
“Yo solicito a esta Comisión actuar de manera razonable, apegado a la ley y la Constitución. No está autorizada esta Comisión para hacer una sustitución de la Constitución política y para romper el blindaje que el máximo tribunal de defensa de Derechos Humanos hizo a los actos legislativos que van aquí contraviniendo un acuerdo que el Estado colombiano suscribió a nivel nacional e internacional”, sostuvo.
Corcho advirtió si se elimina la JEP en el 2028, “quedarían 19 condenados de las FARC con sanción propia, pero sin nadie que verifique las medidas restaurativas; 336 máximos responsables, de los cuales 245 ya reconocieron los hechos, quedarían sin el instrumento que les permitió hacer ese reconocimiento; 21 juicios adversariales de máximos responsables que no han reconocido la verdad y los hechos quedarían en el aire y se quedarían además 221 terceros civiles y 3.443 comparecientes sin resolución, que fue lo que los trajo a la JEP, quedarían en el limbo 15,753 víctimas”.
El proyecto será votado en primer debate en la Comisión Primera del Senado de la República en donde hasta el momento habría mayorías para que el mismo salga adelante.
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