Gennys Alfonso Álvarez Navarro, veedor ciudadano y líder social que presentó ante la Secretaría de Transparencia de la Presidencia una denuncia sobre el contrato de cámaras de seguridad de Salamina, Magdalena.
La ejecución del contrato para instalar 140 cámaras de seguridad en el municipio de Salamina, Magdalena, por un valor de $10.000 millones, llegó a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, luego de que el veedor ciudadano y líder social Gennys Alfonso Álvarez Navarro presentara una denuncia formal en la que solicitó vigilancia preventiva y preferente sobre el proyecto, ante una serie de presuntas irregularidades y retrasos que, según expuso, requieren revisión por parte de las autoridades competentes
De acuerdo con el documento presentado, el proyecto cuenta con una inversión de $9.000 millones provenientes de la Nación, a través del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), y una contrapartida municipal de $1.000 millones. Álvarez Navarro planteó cuestionamientos relacionados con la certificación de los recursos aportados por el municipio, posibles sobrecostos en componentes tecnológicos, los estudios y diseños definitivos, así como eventuales deficiencias en el proceso de selección del contratista.
Otro de los aspectos expuestos en la denuncia corresponde a los retrasos en la ejecución del proyecto, cuya entrega, según el veedor, estaba prevista para julio de este año. Ante este panorama, solicitó la realización de una mesa técnica de seguimiento, la revisión de los pagos efectuados, la verificación de los soportes presupuestales y el impulso de las actuaciones a cargo de los organismos de control.
La preocupación, según el denunciante, radica en la necesidad de garantizar que los recursos públicos destinados al fortalecimiento de la seguridad del municipio se ejecuten conforme a las condiciones contractuales y que la infraestructura prevista cumpla con el propósito para el cual fue financiada. Por ello, pidió el acompañamiento de las entidades competentes para examinar los cuestionamientos planteados y establecer si existen irregularidades que ameriten actuaciones administrativas o fiscales.
La denuncia, según la información suministrada, no es reciente. El proceso de licitación se abrió en octubre de 2025 y el contrato fue adjudicado en enero de 2026. Desde febrero de este año, Álvarez Navarro ha presentado quejas ante diferentes organismos de control por presuntas irregularidades en el trámite y desarrollo del proyecto.
De acuerdo con el veedor, tanto la Contraloría General de la República como la Procuraduría General de la Nación tienen conocimiento del caso y han recibido documentación relacionada con sus señalamientos. Entretanto, se espera que las entidades competentes revisen la información aportada y determinen si hay lugar a adelantar actuaciones adicionales para esclarecer el estado del contrato y el uso de los recursos públicos.
