Contratos por más de 100 millones de pesos recibió Deicy Jiménez, mujer que aseguró obtenerlos tras favores sexuales hacia el presidente de la república de ese entonces, Gustavo Petro.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció medidas de protección para la joven, mientras crece la expectativa por las investigaciones de los organismos de control.
El caso de Deyci Alejandra Jiménez Ramírez se convirtió en una pieza central dentro de las investigaciones sobre una presunta red de mujeres contratadas de manera irregular en el gobierno de Gustavo Petro un escándalo denunciado inicialmente por la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Cabe precisar que, aunque en los documentos de contratación estatal el nombre de la joven aparece como “Deyci”, en distintos medios de comunicación e incluso en publicaciones de entidades oficiales se utiliza la grafía “Deicy”. Por esta razón, en adelante se hará referencia a ella con esta última forma.
Su testimonio cobró relevancia institucional debido a que es la primera persona en declarar públicamente haber recibido asignaciones laborales del Estado a cambio de favores personales para el exmandatario, al señalar la existencia de un grupo de entre 30 y 40 jóvenes vinculadas bajo esquemas similares en distintas dependencias oficiales.
La trascendencia de sus declaraciones motivó un pronunciamiento del Gobierno nacional el domingo 25 de octubre de 2026. Por instrucción directa del presidente Abelardo de la Espriella, el ministro de Justicia y ministro del Interior encargado, Iván Cancino González, anunció la activación urgente de una ruta de seguridad junto a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para proteger a la testigo frente a eventuales amenazas o represalias.
“La protección de la vida no admite dilaciones. Ninguna persona debe sentir temor por ejercer su actividad política, social o periodística, ni por expresar libremente su testimonio. En Colombia, nadie debe ser silenciado mediante amenazas, intimidaciones o represalias”, comunicó el Ministerio del Interior al confirmar las medidas de resguardo para la denunciante.
El testimonio de Jiménez, difundido por la revista Semana, relata encuentros privados, fiestas y el presunto uso de recursos institucionales para sostener acuerdos personales. Ante estas denuncias, la revisión de los archivos contractuales públicos constató que la mujer de 29 años suscribió cinco compromisos laborales durante el cuatrienio anterior que sumaron $100 millones, a los que se añaden otros vínculos previos que elevan el balance contractual a más de $130 millones a lo largo de un lustro.
EL RASTREO
El rastreo documental evidencia que los contratos de Jiménez se ejecutaron mediante la modalidad de contratación directa en el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior. Todos los acuerdos fueron formalizados para brindar servicios asistenciales de archivo, digitación y apoyo logístico.
En el Congreso de la República, la joven obtuvo dos asignaciones directas. La primera se pactó en marzo de 2023 por un valor de $7 millones para apoyar la unidad de archivo institucional.
