En medio de la controversia por los errores de procedimiento ocurridos durante la aprobación del Presupuesto General de la Nación en la madrugada del 20 de octubre, el representante a la Cámara por Cambio Radical y coordinador ponente del proyecto, John Édgar Pérez, explicó en diálogo con Mañanas Blu, los detalles del trámite legislativo que llevó a que la Cámara aprobara un texto distinto al del Senado.
Según precisó el congresista, la inconsistencia principal se dio en el artículo 65, al cual se le dio paso con una proposición avalada que no había sido aprobada ni retirada en la Cámara Alta en los mismos términos.
El origen del error y las responsabilidades compartidas
Al abordar de dónde surgió la falla al someter a votación dicha proposición, Pérez aclaró que la elaboración del orden de debate se hizo en articulación directa con el Ejecutivo y la mesa directiva de la corporación.
“A mí me entregan las el paquete de proposiciones avaladas por el Ministerio de Hacienda que habían sido aprobadas en Senado y por eso digamos que yo establezco un orden de cómo llevar el debate”, relató el congresista, señalando además que el propio ministro de Hacienda y sus técnicos estuvieron presentes durante toda la sesión en la plenaria.
Al ser indagado sobre si la culpa recaía únicamente en la cartera de Hacienda, el legislador declinó endilgar responsabilidades exclusivas. “Mire, yo no voy a a a digamos a a descargar toda la responsabilidad. La responsabilidad era de de ambos, tanto del de la Cámara de Representantes como del Ministerio trabajarlo de manera coordinada”, afirmó, enfatizando que en los debates simultáneos es habitual que surjan diferencias entre corporaciones y que para ello existe constitucionalmente la figura de la conciliación.
Falta de publicación en Gaceta y los tiempos apretados
Uno de los factores que complicó la jornada fue la presión del reloj, dado que el 20 de octubre constituía el plazo máximo legal para concluir el trámite en el Congreso. Aunque el Senado finalizó su votación hacia las 10:00 p.m., el texto aprobado no se logró publicar de inmediato en la Gaceta Oficial por la complejidad técnica de escanear y sistematizar las proposiciones.
Ante este panorama, dentro de la Cámara se propuso votar directamente el texto del Senado, pero Pérez se opuso para salvaguardar el debate. “Como ponente le pedí a la plenaria de Cámara y le pedí al presidente de la Cámara que no adoptáramos el texto de Senado porque no estaba publicado y no lo conocíamos, que diéramos el debate, que surtiéramos el trámite”, explicó el representante, justificando por qué la deliberación del articulado se extendió casi hasta las 4:00 a.m..
“Está vivo”: La tesis jurídica para salvar el Presupuesto
A pesar del vicio en el artículo 65, Pérez sostuvo firmemente que el proyecto de ley no está muerto ni totalmente invalidado. Su argumento se basa en precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, citando el Auto 705 de 2024 y la Sentencia C-448 de 2024 respecto al Plan Nacional de Desarrollo.
“Tengo una teoría y es que esa diferencia del artículo 65 no vicia todo el proyecto de ley”, aseveró el congresista. Argumentó que de los 98 artículos de la iniciativa, 97 quedaron exactamente iguales entre Senado y Cámara, y que el artículo en disputa “no es la columna vertebral del proyecto de ley”. Por ello, sostuvo que el Gobierno nacional dispone de la facultad jurídica para sancionar la ley aprobada en plenarias.
El escenario ante las comisiones económicas y el decreto
Finalmente, el coordinador ponente expuso qué sucedería si el Ejecutivo decide no sancionar el texto de las plenarias y expedir el presupuesto mediante decreto. Pérez hizo la claridad de que el Gobierno tendría que adoptar el texto aprobado en las comisiones económicas conjuntas (Terceras y Cuartas), el cual guarda un 95% de coincidencia con lo votado en las plenarias.
“El presupuesto que se cae no es el presupuesto… el Gobierno si decidiera adoptarlo por decreto tiene que adoptar el que se aprobó en comisiones económicas”, precisó, al tiempo que hizo un llamado respetuoso al presidente de la República y al ministro de Hacienda para sancionar la ley aprobada por el Congreso y dar continuidad a las facultades que permiten reorientar recursos hacia emergencias como la salud y la atención de desastres.
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