La Presidencia de la República expidió la Directiva Presidencial No. 04, una instrucción obligatoria para todas las entidades del Gobierno Nacional que pretende frenar actos de corrupción en la contratación del Estado y asegurar que cada peso pagado corresponda a obras, bienes o servicios efectivamente entregados.
La medida fija reglas sobre cómo vigilar el dinero público y qué responsabilidades tienen los funcionarios encargados de esa tarea:
Prohibido pagar sin pruebas: Ninguna entidad estatal podrá autorizar pagos a contratistas sin antes revisar evidencias claras, reales y verificables de que el trabajo se realizó. Queda tajantemente prohibido alterar o acomodar documentos en los expedientes para justificar tareas no ejecutadas.
Revisión a contratos vigentes: Los supervisores de cada entidad deberán auditar a fondo todos los contratos vigentes al 7 de agosto de 2026. Si encuentran irregularidades, sobrecostos, cobros por servicios no prestados o indicios de delitos, deberán denunciarlo de inmediato ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
Auditorías en 10 días: Las Oficinas de Control Interno de ministerios y departamentos administrativos tienen un plazo de diez días hábiles para presentar un plan de revisión de sus contratos y deberán entregar reportes de seguimiento cada tres meses.
Sanciones estrictas a supervisores: Los funcionarios o supervisores que omitan sus labores de vigilancia o firmen certificaciones falsas responderán penal, disciplinaria, fiscal y patrimonialmente por los daños causados al Estado.
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