El estatuto antiterrorista que prepara el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ya genera posturas encontradas en el Congreso, antes de ser radicado. La representante a la Cámara por el Centro Democrático Ana Ligia Mora lo respalda «totalmente» como herramienta para «restablecer el orden» y la autoridad. El senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo, en cambio, sostiene que el proyecto tiene una parte que «no es contra el terrorismo» y advirtió sobre riesgos para la oposición, los estudiantes y la protesta social. Ambos hablaron en Mañanas Blu.
Qué contiene el estatuto antiterrorista
La iniciativa tiene más de 130 artículos y busca crear un marco jurídico para enfrentar a las organizaciones que el Gobierno considere terroristas, así como a sus integrantes y redes de financiación. Se tramitaría como ley estatutaria porque toca derechos fundamentales. Eso implica un trámite más exigente en el Congreso y control automático de la Corte Constitucional.
Entre los puntos principales del proyecto están:
Registro de organizaciones terroristas: un listado oficial de organizaciones y actores considerados terroristas.
Congelamiento de bienes: medidas sobre los bienes y recursos de quienes sean incluidos.
Restricciones con el Estado: quienes figuren en el registro no podrían contratar con el Estado ni recibir ciertos recursos públicos o subsidios.
Comisionado contra el terrorismo: un funcionario que coordinaría la política sobre el fenómeno durante cinco años.
Facultades extraordinarias: seis meses para que el presidente reglamente algunas de las nuevas herramientas.
Drones: delitos por fabricar, comprar o transportar drones con fines terroristas, con penas que podrían llegar a 30 años de cárcel.
Asonadas contra la fuerza pública: penas de hasta 42 años por retener, detener, cercar o desarmar a integrantes de la fuerza pública durante manifestaciones.
Otros delitos: mayores sanciones para narcotráfico, extorsión, secuestro, contrabando, minería ilegal, trata de personas y ataques contra infraestructura crítica, además de la persecución de activos digitales.
Prisión y colaboración: un régimen especial de prisión para líderes y reducciones de hasta el 60 % de la pena para quienes entreguen información efectiva antes de la acusación.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que el proyecto «crea básicamente una lista de organizaciones terroristas» de la que se desprenden normas específicas, y que se atacarán «particularmente las finanzas de esas organizaciones». Aclaró que existe un procedimiento «garantista» para incluir y excluir organizaciones. Estas podrían salir del listado, por ejemplo, si se someten a la ley de sometimiento que se trabaja con el ministro Iván Cancino. Al preguntársele qué grupos entrarían, respondió que eso no lo define él.
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