El Consejo de Estado admitió la acción de tutela presentada por el registrador nacional, Hernán Penagos, contra el expresidente Gustavo Petro, por las afirmaciones que hizo sobre la Registraduría Nacional del Estado Civil y el proceso electoral de 2026.
La tutela busca la protección de los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la rectificación de Penagos, así como del buen nombre de la Registraduría. Según el documento, las declaraciones cuestionadas fueron publicadas entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, cuando Petro todavía ejercía la Presidencia.
Penagos sostiene que Petro hizo señalamientos relacionados con un supuesto fraude electoral y cuestionó aspectos como el censo electoral, los puestos y mesas de votación, los formularios E-14 y los sistemas tecnológicos de la Registraduría.
De acuerdo con la tutela, el entonces presidente también habló de una supuesta manipulación de resultados y de una negativa de la Registraduría a permitir la auditoría del código fuente. Penagos afirma que pidió una rectificación, pero que no recibió respuesta dentro del plazo establecido.
El Consejo de Estado explicó que, aunque Petro actualmente es un particular, las afirmaciones fueron realizadas cuando ejercía la Presidencia. Por eso, consideró que el hecho de que haya dejado el cargo no cambia el objeto de la discusión.
La alta corte señaló que el caso tiene “importancia jurídica y trascendencia social”, debido a que deberá analizar los límites entre la libertad de expresión y el poder-deber de comunicación de quien ejercía la Presidencia.
El alto tribunal también destacó que el proceso involucra derechos como el buen nombre y la honra, además de la necesidad de que los ciudadanos reciban “información veraz e imparcial sobre el proceso electoral”.
Con la admisión de la tutela, Petro tendrá tres días, contados desde la notificación, para ejercer su derecho de defensa y presentar un informe sobre los hechos denunciados.
Además, fueron vinculados la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para que se pronuncien sobre el caso.
El Consejo de Estado dejó claro que la admisión de la tutela no significa que ya exista una decisión sobre el fondo de las acusaciones.
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