El Gobierno Nacional dio por terminado el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. ACSN, mediante las resoluciones 348, 349 y 350 de 2026, al considerar que no se evidenciaron resultados concretos ni una voluntad real, sostenida y comprobable de sometimiento a la justicia y desmantelamiento de la estructura narcoterrorista.
La Resolución 349 formaliza la terminación del espacio de conversación, mientras que la Resolución 348 revoca el reconocimiento de nueve integrantes de las ACSN que habían sido autorizados como representantes dentro del proceso.
Entre tanto, la Resolución 350 revoca la designación de Óscar Mauricio Silva Osorio como coordinador representante del Gobierno Nacional en la conversación.
La decisión del Gobierno se sustenta en que, pese a la instalación del espacio de conversación, “no se evidencian aportes con resultados concretos al proceso de consecución de la paz”, ni avances que acrediten una voluntad real de sometimiento a la justicia por parte del grupo terrorista y financiado con el narcotráfico, la extorsión y otras actividades ilícitas.
El proceso había sido autorizado en agosto de 2024 mediante la Resolución 300, con el propósito de verificar la voluntad de la organización de transitar hacia el Estado de Derecho, establecer los términos de un eventual sometimiento a la justicia y contribuir a la construcción de paz en los territorios.
EFECTOS REGIONALES DE LA DECISIÓN
La decisión del Ejecutivo a través de las citadas resoluciones tiene repercusiones principalmente en Magdalena, La Guajira y Cesar, departamentos donde las ACSN tienen presencia.
De acuerdo con el texto suministrado en los documentos, las alertas de la Defensoría del Pueblo han identificado riesgos asociados a disputas territoriales en Santa Marta, Ciénaga y Fundación (Magdalena); Dibulla y Riohacha (La Guajira), y Valledupar y Pueblo Bello (Cesar).
Las resoluciones 348, 349 y 350 dejan un mensaje claro para el país por parte del Gobierno Nacional: La continuidad de un espacio sociojurídico o una mesa de diálogo de paz está sujeta a la existencia de resultados verificables y una voluntad comprobable de sometimiento a la justicia por parte de los grupos armados ilegales.
