La fortaleza de cualquier institución de la fuerza pública descansa sobre un cimiento innegociable: el respeto irrestricto por la ley, estatutos, reglamentos y doctrina. Estas normas no son meros formalismos burocráticos; constituyen la columna vertebral que garantiza cohesión, la jerarquía y la legitimidad de quienes ostentan el mando constitucional que protege los ciudadanos. Cuando ese marco normativo se aplica con rigor y se audita permanentemente, la institución proyecta solidez y confianza.
Sin embargo, el debate sobre la estabilidad del mando y el apego a la carrera institucional suele generar profundas divisiones en el ámbito público y político. Desde una perspectiva crítica frente a las decisiones administrativas recientes, diversos sectores, veteranos y analistas de seguridad, advierten sobre los riesgos de alterar procesos naturales de ascenso y dirección. Según estas voces, cuando las disposiciones sustentadas en la ley se flexibilizan o se ajustan a coyuntura políticas, se distorsionan las líneas de mando y se debilita la disciplina.
Argumentan que los cambios abruptos en las cúpulas -como los cuestionados en la administración anterior-– pueden generar fracturas internas, afectar el profesionalismo y erosionar la moral, la tradición y el prestigio de la Policía Nacional. Para quienes defienden esta postura, la prioridad absoluta de los mandos actuales y del gobierno debe ser el retorno estricto a la institucionalidad y a los criterios técnicos de antigüedad y mérito.
Por otro lado, desde la óptica de reformas institucionales y de quienes impulsan la modernización de la fuerza pública, se sostiene que la facultad discrecional del ejecutivo para nombrar y remover altos mandos es una herramienta constitucional legítima. Quienes respaldan estos cambios argumentan que la renovación de las cúpulas busca oxigenar las instituciones, adaptarlas a nuevas realidades sociales, fortalecer los estándares de Derechos Humanos y responder a las demandas de ciudadanos sobre transparencia.
En medio de estas visiones contrapuestas, el concepto fundamental radica en que la Policía Nacional pertenece a todos los ciudadanos y debe estar blindada frente a cualquier vaivén que comprometa su operatividad.
La verdadera estabilidad institucional exige un equilibrio delicado: permitir las renovaciones necesarias dentro de un marco legal, como hasta la fecha se ha venido haciendo, pero asegurando siempre que la meritocracia, la trayectoria y el respeto por la doctrina prevalezcan sobre cualquier interés transitorio.
A lo largo de sus 135 años de existencia, nuestra Policía se ha transformado, reformado y actualizado al compás de la sociedad, la tecnología y las reformas a nuestra Constitución, ajustado su doctrina con profesionalismo, moral y entrega. Estos 135 años representan una trayectoria respetable que augura un futuro prestigioso, tras superar un pasado tan complejo e inestable.
Hoy, el principal reto para las autoridades y la actual cúpula es demostrar que la conducción de la fuerza pública se rige por reglas claras, estables y transparentes.
*Exdirector de la Policía Nacional

