La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) alertó sobre el Proyecto de Ley 029 de 2026, una iniciativa en el Congreso que busca cambiar drásticamente las reglas para juzgar a los adolescentes de 14 a 17 años que cometen delitos.
La entidad advirtió que la propuesta elimina la idea central del sistema actual —pensado para que los jóvenes entiendan el daño, reparen a las víctimas y vuelvan a la sociedad— para reemplazarlo por un modelo de encierro que, en algunos casos, resulta más castigador con los menores que con los propios adultos.
Para explicar el impacto de la norma, la organización señaló que el proyecto aumenta la pena máxima de cárcel para jóvenes de 8 a 15 años y fija un castigo mínimo obligatorio de 5 años. Además, amplía la lista de delitos considerados graves de 4 a 20 faltas, incluyendo conductas menores como peleas que causen lesiones leves.
Bajo estas nuevas reglas, un adolescente que cause una herida leve a otra persona enfrentaría un mínimo de 5 años de prisión, mientras que un adulto por ese mismo hecho recibiría entre 1,3 y 3 años de cárcel.
«Hoy, en el Sistema de Infancia y Adolescencia, el juez decide cada caso según la gravedad del hecho, la edad del adolescente y su proceso de cambio. Si el adolescente muestra una transformación real, el juez puede ajustar la sanción después de un tiempo. Esa flexibilidad es clave para que el sistema cumpla su función educativa y motive a las y los adolescentes a cambiar», explicó la entidad.
El organismo también advirtió que la norma afectará gravemente a las niñas, niños y jóvenes que han sido reclutados a la fuerza por grupos armados. Aunque la ley y los tratados internacionales los consideran víctimas de esos grupos criminales, el proyecto ignora esa condición y permite juzgarlos directamente por delitos graves como terrorismo.
Ante este panorama, la CCJ le pidió al Congreso mantener la facultad de los jueces para revisar el avance de los jóvenes, invertir en la mejora de las instalaciones de reclusión y enfocar el esfuerzo de las autoridades en perseguir a los adultos y cabecillas que usan a los menores para delinquir.
/colprensa
