En los debates públicos de Colombia suelen monopolizar la agenda las reformas económicas, laborales o de salud. Sin embargo, ninguna transformación social o económica es sostenible si el sistema encargado de garantizar los derechos, hacer cumplir la ley y resolver los conflictos sigue atrapado en la ineficiencia. La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) lo advierte desde hace años: la crisis es estructural y se traduce en congestión, impunidad y desconfianza.
Las cifras son escandalosas. Según la CEJ, de las noticias criminales iniciadas en 2024 que continuaron activadas al 4 de febrero de 2025, el 93,2 % permanecía en indagación. Y de las 1.455.495 que la Fiscalía evacuó ese año, el 81,9 % terminó en archivo. Según el Consejo Privado de Competitividad, por cada 100 procesos que ingresaron a la Rama Judicial en 2024, solo se evacuaron 82. ¡La justicia no logra resolver ni siquiera los procesos que recibe! En homicidios, una investigación de la Universidad de los Andes revela que apenas 15 de cada 100 casos llegan a imputación durante el primer año.
El cuello de botella también se evidencia en las audiencias. En 2025 se programaron 1.339.771 audiencias penales, de las cuales 666.004 no se realizaron. Prácticamente la mitad. Entre las causas están las inasistencias de fiscales, defensores, jueces y otros intervinientes. La Corte Suprema de Justicia advirtió en junio de 2026 que, de continuar esta tendencia, podría terminar siendo más las audiencias fallidas que las realizadas. Incluso ordenó medidas a la Fiscalía, la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura para evitar los aplazamientos injustificados.
A esto se suma la escasez de impuestos. En 2024 Colombia contaba con apenas 8,9 impuestos por cada 100.000 habitantes y el 79,9 % estaba en provisionalidad, según la CEJ. La situación es todavía más preocupante en las regiones apartadas, donde un solo juez debe atender asuntos de distintas especialidades, con recursos limitados y dificultades para contar oportunamente con fiscales y defensores públicos. El resultado es un círculo vicioso de aplazamientos, congestión y retrasos.
Las consecuencias son devastadoras. Un comerciante espera años para resolver un incumplimiento contractual. Una víctima pierde la esperanza de obtener justicia. Un proceso prescribe sin que se haya establecido la responsabilidad de los acusados. Incluso hay procesadospor corrupción que recuperan su libertad por vencimiento de términos. No significa que hayan sido declarados inocentes. Significa que los plazos del proceso se vencieron sin que el sistema lograra avanzar. En 2024, en promedio, el 7,5 % de las personas con detención preventiva recuperó su libertad por vencimiento de términos, según la CEJ. ¡La justicia tardía es justicia denegada!
El diagnóstico lleva años sobre la mesa. Lo que ha faltado es voluntad política y la berraquera para sacar adelante una reforma de fondo. Los intentos de distintos gobiernos se han quedado cortos frente a la magnitud del problema. Colombia necesita modernización tecnológica, fortalecimiento de la justicia local, mecanismos alternativos de solución de conflictos, descongestión efectiva de los despachos y, sobre todo, una justicia que responda oportunamente a los ciudadanos.
El Gobierno tiene hoy una oportunidad que no puede desaprovechar. Una reforma integral, concertada con las altas cortes, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura, los jueces y la academia, debe convertirse en una prioridad nacional. Y hay por dónde empezar: garantizar que fiscales, defensores y jueces lleguen a las audiencias, y sancionar los aplazamientos injustificados. ¡Basta de parches, diagnósticos y discursos!
Porque cuando la justicia no funciona, el delincuente pierde el miedo a la ley, la víctima pierde la confianza en el Estado y el ciudadano honesto queda desprotegido. Sin justicia no hay seguridad, no hay garantías y no hay democracia que resista. Sin justicia no hay nada.
*Exdirectora del ICBF

