Entre enero y agosto de este año, la Corte Constitucional recibió 362.469 acciones de tutela en las que se reclamó la protección del derecho de petición.
De acuerdo con un informe presentado por el alto tribunal con corte a septiembre de 2026, este derecho representó el 46,4% del total de acciones de tutelas.
De ese total, en el 74,6% de esos procesos, el derecho de petición fue la única garantía cuya protección se reclamó.
Además, al revisar las decisiones de primera instancia en este grupo, la Corte encontró que en el 39% de los casos los jueces concedieron el amparo y en otro 3,2% lo otorgaron parcialmente.
A esto se suma que en el 35,5% de procesos, los jueces declararon “la carencia actual de objeto por hecho superado”, es decir, que la vulneración había sido superada.
En contraste, el 13,2% de las solicitudes fueron negadas y el 8,5 % declaradas improcedentes, mientras que el 0,7 % restante correspondió a otras decisiones.
En cuanto a las entidades entuteladas, el informe señala que, en Bogotá, las secretarías de movilidad representaron el 7,8% de las acciones de tutela por derecho de petición registradas en la ciudad. Les siguieron la Alcaldía, con el 4,7%, y los juzgados, con el 4,5%.
A este registro le sigue Caquetá, en donde la Unidad para las Víctimas concentró el 44,8% de las tutelas por este derecho; así como La Guajira, donde las secretarías de movilidad representaron el 43%, mientras que en Cauca alcanzaron el 37,3%.
Asimismo, en Valle del Cauca, estas mismas dependencias también encabezaron el registro, con el 34,7%.
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