La actual viceministra de Defensa para la Seguridad Nacional, Claudia Carrasquilla Minami, enfrenta un proceso penal por hechos ocurridos cuando era fiscal 27 Especializada contra el Crimen Organizado en Medellín.
Está acusada penalmente y a la espera de la audiencia preparatoria para ir a juicio. El origen del caso es una denuncia presentada por William Fernando Molina, entonces patrullero de la Policía en Valledupar, capturado en julio de 2015 y procesado por concierto para delinquir agravado y hurto calificado agravado. Molina denunció a Carrasquilla y a cuatro integrantes de su equipo de policía judicial: Orlando Cardozo, Wilmer Esneider Brito Ramírez, Néstor Andrés Rodríguez Porras y Javier David Pestaña.
El punto central de la denuncia son cuatro declaraciones juradas tomadas en cárceles de Valledupar, fechadas el 15 y 16 de mayo de 2014, el 5 de junio de 2014 y el 4 de diciembre de 2015. Según el denunciante, Carrasquilla aparece firmándolas como fiscal a pesar de que no habría estado presente cuando se realizaron las diligencias. La denuncia sostiene que un investigador ingresaba a las cárceles, recogía las versiones y posteriormente obtenía las firmas de otros funcionarios y de la fiscal en lugares diferentes. Molina asegura que esas actuaciones tuvieron incidencia en el proceso que terminó con su captura y privación de la libertad durante más de dos meses.
La hoy viceministra Carrasquilla fue imputada el 5 de diciembre de 2024 y posteriormente acusada. El escrito de acusación fue presentado el 4 de abril de 2025 y la formulación de acusación se hizo el 20 de mayo. Desde entonces, la audiencia preparatoria ha sido programada en varias oportunidades sin que haya podido realizarse. Primero en octubre de 2025, luego en enero, abril y julio de 2026, y nuevamente en septiembre de este año.
La existencia de una imputación, una acusación o un pliego disciplinario no equivale a una condena. Carrasquilla conserva la presunción de inocencia y las circunstancias concretas de las declaraciones, así como su eventual responsabilidad, deberán ser determinadas por los jueces.
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