El Congreso de la República, en articulación con el Gobierno Nacional y los órganos de control del Estado, suscribió el “Gran Acuerdo Institucional por la Transparencia” para promover la integridad y el control social en la gestión pública.
El documento establece diez compromisos fundamentales para combatir la corrupción y optimizar la función pública:
Información pública accesible y oportuna: Publicación proactiva y en formatos abiertos de procesos de contratación, compras y ejecución presupuestal.
Prevención y sanción de la corrupción: Fortalecimiento de mecanismos de detección temprana, canales confidenciales de denuncia y celeridad en las investigaciones.
Rendición de cuentas basada en resultados: Evaluaciones periódicas ante la ciudadanía con indicadores verificables sobre el uso de recursos.
Protección al denunciante: Garantías de confidencialidad y resguardo para ciudadanos y servidores públicos que reporten irregularidades.
Transformación digital al servicio de la transparencia: Interoperabilidad y digitalización de sistemas de información para facilitar auditorías y seguimiento.
Cultura de integridad en el servicio público: Formación continua en ética, prevención de conflictos de interés y valores institucionales.
Participación ciudadana y control social: Inclusión activa de veedurías y organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo de la contratación y proyectos de inversión.
Articulación interinstitucional: Intercambio de información entre las ramas del poder y órganos de control para prevenir hechos ilícitos.
Trazabilidad de los recursos públicos: Visibilidad del recorrido del presupuesto desde su asignación hasta su ejecución final.
Seguimiento y evaluación: Conformación de una Mesa Técnica de Seguimiento con reuniones al menos dos veces al año y presentación de un informe público anual.
El pacto tendrá una vigencia inicial de cuatro años prorrogables y estará abierto a la adhesión de otras entidades públicas y organizaciones del país.
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