El nuevo centro de reclusión se encuentra en el municipio de Sabanas de San Ángel y tiene una inversión de 275 mil millones. Contraloría puso el ojo.
La nueva cárcel del municipio de Sabanas de San Ángel, en Magdalena, se constituyó como una de las más importantes prioridades para el gobierno de Abelardo De La Espriella en términos de infraestructura penitenciaria y seguridad nacional. Por ello, una comitiva interinstitucional del Ejecutivo realizó una visita con miras a verificar el avance de la obra, la cual se encuentra en un 86% de ejecución.
La visita interinstitucional fue impulsada por la directora general de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Isadora Fernández Posada, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Gónima Díaz-Granados, y el director de Gestión Corporativa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Andrés Barney. Entre todos se emitirán correspondientes reportes ante el Ejecutivo, el cual tiene la intención de terminar esta obra en lo que resta del año.
la orden presidencial es ejecutar el proyecto lo más pronto posible y presentar la construcción de la cárcel de Sabanas de San Ángel como una herramienta clave en la nueva política de seguridad. Por ello el Ejecutivo ha venido conversando con autoridades regionales y municipales para destrabar todos los pormenores contractuales y de ejecución.
“Este trabajo territorial permite materializar los compromisos establecidos para destrabar el proceso de construcción y avanzar hacia la culminación de una infraestructura que aportará 1.974 nuevos cupos al sistema penitenciario y carcelario”, ha explicado la Uspec, entidad de orden nacional encargada de llevar a cabo el proyecto, y la cual administra los millonarios recursos del sistema penitenciario.
El centro penitenciario que llevará el nombre de Renacer, y que está ubicado en el municipio de Sabanas de San Ángel, es una obra que lleva pendiente en el Magdalena desde hace más de seis años. Según la Gobernación, hoy registra un 86 % de avance físico y financiero del 75%.
Uno de los puntos centrales revisados durante la última jornada de revisión fue la vía de acceso al establecimiento, particularmente el tramo comprendido entre el desvío de la Ruta del Sol y Estación Villa. Ante la necesidad de culminar ello, la Gobernación del Magdalena ya inició los primeros estudios para determinar las condiciones del corredor y establecer las alternativas técnicas requeridas para su mejoramiento.
“Estos estudios permitirán avanzar hacia la definición de las intervenciones necesarias y fortalecer la articulación con el Ministerio de Transporte, Invías, el municipio y las demás entidades competentes, para establecer responsabilidades, recursos y tiempos. La vía constituye un componente fundamental para garantizar las condiciones de acceso y movilidad que requerirá el establecimiento una vez entre en funcionamiento”, explicó la Gobernación de Magdalena.
El centro penitenciario que llevará el nombre de Renacer, y que está ubicado en el municipio de Sabanas de San Ángel, es una obra que lleva pendiente en el Magdalena desde hace más de seis años. Según la Gobernación, hoy registra un 86 % de avance físico y financiero del 75%.
Uno de los puntos centrales revisados durante la última jornada de revisión fue la vía de acceso al establecimiento, particularmente el tramo comprendido entre el desvío de la Ruta del Sol y Estación Villa. Ante la necesidad de culminar ello, la Gobernación del Magdalena ya inició los primeros estudios para determinar las condiciones del corredor y establecer las alternativas técnicas requeridas para su mejoramiento.
“Estos estudios permitirán avanzar hacia la definición de las intervenciones necesarias y fortalecer la articulación con el Ministerio de Transporte, Invías, el municipio y las demás entidades competentes, para establecer responsabilidades, recursos y tiempos. La vía constituye un componente fundamental para garantizar las condiciones de acceso y movilidad que requerirá el establecimiento una vez entre en funcionamiento”, explicó la Gobernación de Magdalena.
El proyecto, sin embargo, era más ambicioso. En abril de 2021, el entonces ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo que la megacárcel podría albergar a 3.500 privados de la libertad y sería la de mayor capacidad en la región Caribe. Después, las cifras oficiales bajaron a un total de 1.974 cupos, que es la capacidad que se mantiene hasta hoy.
El proyecto estuvo suspendido desde diciembre de 2022 hasta 2023, por problemas de orden público y carreteras deficientes. Ese mismo año, la Contraloría Delegada para el Sector Justicia emitió una alerta por la posible pérdida de los recursos de la inversión, ante supuestas falencias en los estudios previos para la construcción de la red externa eléctrica del proyecto.
La Contraloría encontró que la obra estuvo suspendida por alrededor de cinco meses, lo cual en su momento generó una alta posibilidad de que se requiera la inversión de mayores recursos a los inicialmente presupuestados, para su terminación y puesta al servicio, por cuenta del deterioro de los materiales y equipos instalados y no instalados en la obra, así como de las obras ejecutadas hasta el momento”.
En 2026, la Corte Constitucional emitió un auto en el que asumió un control estricto, mensual en fase de obra y trimestral en operación, debido a los retrasos administrativos y presupuestales de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), exigiendo asegurar los recursos para proteger la dignidad humana de la futura población reclusa.
En esa decisión, la alta corte emitió una serie de órdenes que permitieron desbloquear recursos ya apropiados, así como órdenes de ejecución, dotación y puesta en operación. Asimismo, órdenes de coordinación interinstitucional y de seguimiento reforzado, dirigidas al Ministerio de Justicia, el Departamento Nacional de Planeación, la Contraloría, la Defensoría y la Procuraduría.
Ahora, el nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella puja por tener la obra lo más antes posible, de tal manera que puedan tenerse nuevos cupos que ayuden a deshacinar el sistema penitenciario y ofrecer una novedosa infraestructura para el tratamiento de sindicados y condenados en el Caribe colombiano.
/EL TIEMPO
