Luego de evaluar el diseño del CONPES 4157, creado para humanizar el sistema penitenciario y carcelario, la Contraloría General de la República encontró cifras graves de sobrepoblación carcelaria, en las que hay 104.393 personas privadas de la libertad frente a 81.387 cupos disponibles.
La evaluación, elaborada por la Contraloría Delegada para el Sector Justicia en julio de 2026, señala que el CONPES 4157 tiene un costo estimado de $4,41 billones para el periodo 2025-2033, pero esos recursos no están garantizados en un presupuesto único.
Su ejecución depende de las apropiaciones y prioridades de cada una de las entidades responsables, lo que, según el organismo de control, genera incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera de la política.
En paralelo, la Contraloría señala que para atender las necesidades de infraestructura penitenciaria se estiman 35.551 nuevos cupos, con un costo aproximado de $5,9 billones, una cifra que supera el valor total calculado para implementar todo el CONPES.
Además, el documento advierte dudas sobre la suficiencia de los recursos destinados a los programas de resocialización.
Lo anterior, sumado a la grave situación de hacinamiento que viven en general los centros carcelarios, pues de acuerdo con la evaluación, con cifras a junio de 2025, el sistema contaba con 81.387 cupos para 104.393 personas privadas de la libertad, lo que representaba una sobrepoblación de 23.006 personas y la persistencia del hacinamiento estructural asociado al Estado de Cosas Inconstitucional.
Aunque el CONPES 4157 fue expedido en 2025 y contempla seis ejes estratégicos, la Contraloría encontró que el diseño tiene una baja pertinencia, con una calificación de 1,34 sobre 3.
En su diseño, se plantearon 109 acciones a cargo de 19 entidades nacionales, encargadas de desarrollar el seguimiento a las condiciones de vida en los establecimientos de reclusión, la resocialización, la capacidad institucional, la corresponsabilidad territorial, los sistemas de información, los mecanismos de control y las condiciones laborales del personal del INPEC.
Allí, se identificaron, entre otros aspectos, que los objetivos específicos están formulados de manera general, predominan los indicadores de producto y no existen suficientes indicadores de impacto que permitan medir cambios en variables como el hacinamiento, las condiciones de habitabilidad, la resocialización o la reincidencia.
Además, aunque la política identifica las principales causas de la crisis penitenciaria, la Contraloría señala que no existe una priorización que permita establecer cuáles tienen mayor impacto sobre las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y cuáles requieren atención inmediata.
A esto se suma una participación directa limitada de las personas privadas de la libertad durante la construcción del diagnóstico. De acuerdo con la evaluación, aunque se realizaron 30 mesas de trabajo, participaron directamente 61 personas privadas de la libertad, equivalentes al 0,058% de la población penitenciaria nacional.
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