El Ministerio de Justicia solicitó la renuncia protocolaria a los diez integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal, encargada de producir estudios, diagnósticos y recomendaciones que sirvan de insumo para las decisiones del Estado en materia criminal.
La solicitud fue enviada el pasado 26 de agosto por la Secretaría Técnica de la Comisión, mediante un oficio firmado por Laura Nataly Castillo Garay, directora encargada de Política Criminal y Penitenciaria.
En el documento se señala que el plazo fijado por el Ministerio para entregar las renuncias vencía el 28 de agosto. Por lo que, a esta fecha, las cartas de quienes atendieron la solicitud ya deberían estar en el despacho del ministro Iván Cancino, a la espera de que se defina su aceptación y, posteriormente, la eventual designación de nuevos integrantes.
La Comisión es una instancia técnica del Consejo Superior de Política Criminal, en la que también se analizan asuntos relacionados con el sistema penal y penitenciario y puede preparar propuestas normativas en estas materias.
Sus integrantes, por lo general, son académicos y expertos que ejercen el cargo ad honorem y son designados por periodos de dos años.
La expectativa ahora está puesta en qué perfiles escogerá Cancino para acompañar al Gobierno en la definición de su política criminal, ahora que el Ejecutivo avanza en la construcción de una nueva ley de sometimiento para estructuras armadas ilegales, cuyos primeros lineamientos fueron presentados esta semana por los ministros de Justicia y del Interior.
La propuesta que prepara el Gobierno plantea un modelo de sometimiento con condiciones fijadas por el Estado, sin reconocimiento político de las organizaciones y sin una mesa de negociación para discutir esas condiciones, añadiendo que no contempla, en términos generales, excarcelaciones por esta vía.
En ese escenario, la nueva conformación de la Comisión será relevante para establecer qué tipo de experiencia y visión técnica tendrá el grupo que asesore al Ministerio en esta nueva etapa, y si es que alguno de los integrantes actuales se acerca a esa visión.
La composición actual reúne perfiles con experiencia especialmente marcada en derechos humanos, justicia transicional, procesos de paz, derecho penal y constitucional, es decir, una estructura que conversaba muy de cerca con la política de ‘Paz Total’ del Gobierno Petro.
La actual composición fue definida en 2025, durante la administración de Eduardo Montealegre. Entre los integrantes están el penalista Francisco Bernate Ochoa, doctor en Derecho y profesor universitario; y Rocío del Pilar Peña Huertas, doctora en Derecho y profesora emérita de la Universidad del Rosario, con experiencia en justicia transicional y derechos humanos.
Asimismo, Yessika Hoyos Morales, abogada defensora de derechos humanos; y Aura María Cárdenas Paulsen, doctora en Derecho, investigadora y especialista en derecho constitucional, comparado y justicia transicional.
También hacen parte María Camila Moreno Múnera, antropóloga con amplia trayectoria en derechos humanos, justicia transicional y procesos de paz; Julio César Ortiz Gutiérrez, abogado y académico especializado en derecho constitucional; y Mauricio Cristancho Ariza, abogado y doctor en Derecho con formación en derecho penal y criminología.
Por otra parte, Sebastián Machado Ramírez, doctor en Derecho Internacional e investigador; y Martha Cecilia Abella de Fierro, abogada, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Público y magíster en Historia, con trayectoria académica y en la administración pública.
El décimo integrante es Alejandro David Aponte Cardona, doctor en Derecho Penal y Filosofía del Derecho, profesor y jefe del Departamento de Derecho Penal y Justicia Transicional de la Universidad de La Sabana.
También ha sido conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y actualmente figura como conjuez de la Sección de Reconocimiento de la JEP.
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