Fiscalía embarga tres inmuebles de Zuluaga por presunta financiación de Odebrech

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo y embargo sobre tres inmuebles avaluados en más de $3.664 millones, que harían parte del patrimonio del excandidato presidencial y exministro Óscar Iván Zuluaga y de su entorno familiar.

La decisión se enmarca en una actuación con fines de extinción del derecho de dominio, ligada a la investigación por la presunta financiación internacional de la campaña presidencial de Zuluaga en 2014.

La medida es resultado del trabajo del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht, adscrito a la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, que recopiló elementos materiales probatorios sobre un presunto aporte de la multinacional brasileña a la campaña «Zuluaga Presidente 2014-2018».

Según la investigación, Odebrecht habría asumido el pago de 1’610.740 dólares en servicios de publicidad en beneficio de esa campaña, un aporte que no habría sido reportado en los balances ni informado a las autoridades electorales.

De confirmarse, ese origen constituiría una fuente de financiación prohibida para campañas políticas, al tratarse de recursos provenientes de una persona jurídica extranjera, en contravía de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.

La Fiscalía estableció que los dineros habrían sido transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá, asociada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça. Para la época de los giros, ese monto equivalía a más de $3.000 millones.

Las medidas cautelares recaen sobre un apartamento y la tercera parte de una vivienda ubicados en Bogotá, así como sobre un inmueble en el municipio de Pensilvania, Caldas. De acuerdo con la Fiscalía, algunas de estas propiedades eran inicialmente de Zuluaga, pero en junio de 2023 fueron transferidas mediante donación a integrantes de su círculo familiar. Con la afectación, el ente investigador busca impedir que los bienes sean vendidos, enajenados o comercializados mientras avanza el trámite de extinción de dominio.

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