La Paz Total fue una estrategia ambiciosa que fracasó. En los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, los integrantes de grupos armados ilegales crecieron en un 90%, al pasar de 15.120 a 28.802 efectivos, según varias organizaciones de Derechos Humanos en Colombia en su informe anual.
El documento titulado «Los alcances del cambio: brumas en el horizonte» reconoció que la política volvió a poner la salida negociada en el centro de la discusión, pero señaló que no logró consolidar resultados sostenibles en los territorios «debido a fallas metodológicas, de articulación institucional y a la fuerte resistencia de sectores vinculados a la ilegalidad».
Las cifras fueron contundentes: El Clan del Golfo aumentó su presencia un 152%, hasta alcanzar 429 municipios; las disidencias de las FARC crecieron un 109%, con presencia en 376 municipios; los grupos vinculados a la Segunda Marquetalia se expandieron un 108% y el ELN un 22%.
Esa expansión trajo consigo mayores intentos por controlar más territorios, lo que ocasionó que, entre enero y agosto de 2025, las víctimas civiles de artefactos explosivos aumentaran 145%, con 544 casos, mientras que las víctimas de minas antipersonal crecieran 23%. El desplazamiento forzado se consolidó como «una grave crisis humanitaria», con más de 120.000 personas desarraigadas durante 2025.
Las desapariciones forzadas subieron un 34%, hasta 78 casos, mientras los asesinatos de líderes y lideresas sociales se mantuvieron en 618 casos, pese a que las agresiones totales contra defensores de derechos humanos cayeron 12% respecto del gobierno anterior.
El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes también se disparó, golpeando con mayor severidad a comunidades indígenas y afrodescendientes.
Aunque la seguridad fue un fracaso, el informe destacó avances sociales históricos que se lograron durante el mandato del expresidente, al señalar que entre 2022 y 2025 la pobreza monetaria bajó del 36,6% al 28%, la pobreza extrema pasó de 13,8% a 9,6% y el coeficiente de Gini se redujo de 0,556 a 0,531.
Las organizaciones destacaron además un cambio en el manejo de la protesta social durante el cuatrienio: las agresiones atribuidas a la Fuerza Pública y al Esmad disminuyeron de forma significativa.
El documento fue divulgado por las tres principales plataformas de derechos humanos: la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines.
/COLPRENSA
