La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que entré mayo de 2024 y agosto de 2026 concedió 1.030 renuncias a la persecución penal a comparecientes que no fueron considerados máximos responsables.
De acuerdo con la Sala, de las 1.030 renuncias concedidas mediante 43 resoluciones, 979 corresponden a integrantes de la fuerza pública, 46 a comparecientes de las extintas Farc-EP, dos a agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, dos a civiles colaboradores de las Farc-EP y una a un tercero civil.
Los beneficiarios estuvieron vinculados a 377 hechos que dejaron 643 víctimas directas en Antioquia, Boyacá, Casanare, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander y Santander. En el proceso participaron además más de 950 familiares de las víctimas.
La renuncia a la persecución penal hace parte de la llamada Ruta No Sancionatoria de la JEP, dirigida a resolver la situación jurídica de quienes estuvieron involucrados en delitos durante el conflicto, pero no tuvieron un papel determinante en la planeación o ejecución de los patrones de criminalidad identificados por la Jurisdicción.
Para acceder a esta medida, los comparecientes deben cumplir condiciones relacionadas con el aporte de verdad plena, el reconocimiento de responsabilidad cuando corresponda, las garantías de no repetición y acciones de reparación, principalmente de carácter simbólico, dirigidas a las víctimas y las comunidades afectadas.
Al acceder al beneficio, los comparecientes tienen derecho a la eliminación de los antecedentes penales y la extinción de las sanciones disciplinarias, administrativas o fiscales derivadas de las conductas asociadas al proceso penal.
Sin embargo, el beneficio no los desvincula por completo de la Jurisdicción, por el contrario, hay requerimientos específicos que deben seguir atendiendo como solicitar autorización para salir del país.
Además, un incumplimiento comprobado de las obligaciones puede llevar a la revocatoria de los beneficios, la pérdida de las libertades provisionales, la expulsión del Sistema y el regreso del proceso a la justicia ordinaria.
