Elsa Jaimes, gerente general de Costa Afuera y Exploración de Ecopetrol, Alcindo Moritz, presidente de Petrobras Colombia.
“Nuestra actuación durante este proceso se ha desarrollado bajo el respeto por la dignidad de las personas, incluidos los funcionarios y representantes de la empresa”: dice la denuncia.
El Cabildo Indígena de Taganga denunció penalmente ante la Fiscalía General de la Nación a Elsa Jaimes, gerente general de Costa Afuera y Exploración de Ecopetrol, y Alcindo Moritz, presidente de Petrobras Colombia, por los presuntos delitos de calumnia agravada, injuria agravada y hostigamiento por motivos étnicos y culturales.
La denuncia se origina en los señalamientos públicos realizados alrededor del proceso de consulta previa del proyecto Sirius.
Advierte la denuncia que, en declaraciones divulgadas por El Tiempo, la directiva de Ecopetrol afirmó que nuestra comunidad estaba ‘a nivel de extorsión’. “Rechazamos categóricamente este señalamiento y cualquier intento de presentar el ejercicio legítimo de nuestros derechos como una conducta criminal”.
Reiteran de manera categórica que el Cabildo Indígena de Taganga ni ninguna de sus autoridades ha realizado exigencias económicas a Petrobras. ” Nuestra actuación durante este proceso se ha desarrollado bajo el respeto por la dignidad de las personas, incluidos los funcionarios y representantes de la empresa. Nuestros dirigentes han actuado de manera transparente y respetuosa en cada uno de los espacios de diálogo. Por ello, rechazamos que se estigmatice a la comunidad de Taganga a partir de afirmaciones que, desde nuestra perspectiva, carecen de sustento jurídico y fáctico”.
Advierten que, durante años tuvieron que acudir a la justicia para ser reconocidos y escuchados frente a los impactos que los proyectos offshore generan sobre nuestro territorio ancestral, nuestra relación con el mar y nuestras actividades tradicionales. “Fueron decisiones judiciales y su posterior cumplimiento por parte de la Autoridad Nacional de Consulta Previa las que reconocieron nuestro derecho a ser consultados”.
RESPONSABILIZAR A TAGANGA
Por eso, no aceptan que, ahora se pretenda responsabilizar a Taganga por los tiempos del proyecto Sirius ni presentar a nuestra comunidad como un obstáculo para la seguridad energética del país.
“En esta discusión existe una profunda desigualdad de poder. De un lado están dos de las empresas más importantes del continente, con enormes capacidades económicas, jurídicas y comunicacionales. Del otro estamos nosotros: una comunidad ancestral que ha tenido que acudir a los jueces para hacer valer sus derechos. En un escenario tan desigual, las empresas tienen los recursos y la capacidad para instalar su versión ante el país. Nosotros tenemos nuestra historia, nuestro maritorio y los derechos que nos reconoce la Constitución”, expresa en uno d sus apartes, la denuncia pública.
Manifiesta que, los señalamientos públicos tienen consecuencias. Nuestra comunidad ya ha comenzado a ser calificada como ‘extorsionista’ y a ser presentada como responsable de impedir que llegue al país un recurso energético estratégico. Esto ocurre mientras líderes de Taganga enfrentan amenazas que han llevado a la adopción de medidas de protección. No aceptamos que una controversia que debe resolverse mediante el diálogo, las instituciones y el respeto a la Constitución termine poniendo en riesgo nuestro buen nombre, nuestra dignidad y la seguridad de nuestra comunidad.
“No nos oponemos al proyecto Sirius ni desconocemos su importancia para Colombia. Estamos dispuestos al diálogo y a construir soluciones que permitan avanzar. Pero la seguridad energética del país debe construirse armonizando el desarrollo de los proyectos con la garantía de los derechos constitucionales, la protección del medio marino y el respeto por las comunidades, no enfrentando al país con una comunidad ancestral”, revela otro aparte de la denuncia.
Exigieron de Ecopetrol y Petrobras que cesen cualquier señalamiento que estigmatice a nuestra comunidad y que se abstengan de continuar afectando nuestro buen nombre. Las diferencias alrededor de la consulta previa deben tramitarse en los escenarios institucionales correspondientes, no mediante acusaciones públicas que ponen en duda nuestra legitimidad y aumentan los riesgos que enfrentamos.
“Colombia no tiene que escoger entre el gas de Sirius y los derechos de Taganga. Un proyecto de esta magnitud puede avanzar respetando a las comunidades y cumpliendo la Constitución”, concluye la denuncia.
