La ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López, presentó este ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia una propuesta de Memorando de Entendimiento que busca articular al Ejecutivo con la Rama Judicial para acercar el conocimiento de la justicia laboral a los colombianos y fortalecer la seguridad jurídica en el campo del empleo.
El documento, que ahora será estudiado por los magistrados de la Sala, llega en un momento clave para el sistema laboral colombiano: desde el pasado 2 de abril rige el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establecido por la Ley 2452 de 2025. Una de las apuestas del memorando es precisamente analizar la implementación y evolución de esta norma, que modificó los procedimientos para resolver conflictos entre trabajadores y empleadores.
La iniciativa contempla cinco líneas de cooperación institucional: formación y pedagogía jurídica; divulgación de jurisprudencia; investigación; intercambio de conocimiento; y el desarrollo de herramientas digitales para facilitar el acceso a información laboral y de seguridad social.
De avanzar el acuerdo, estas áreas se traducirían en jornadas técnicas, espacios de diálogo y mecanismos de acceso al conocimiento dirigidos a servidores públicos, funcionarios judiciales, inspectores, empleadores, trabajadores, academia y profesionales del derecho.
«Estamos proponiendo sumar capacidades institucionales para que el conocimiento de la justicia laboral llegue más cerca de la gente y de los territorios. Queremos que trabajadores y empleadores cuenten con información y herramientas que les permitan conocer mejor sus derechos y obligaciones, prevenir conflictos y construir relaciones laborales basadas en la confianza y la seguridad jurídica, siempre con absoluto respeto por la autonomía e independencia de la Rama Judicial», afirmó la ministra López.
El Ministerio del Trabajo destacó que la apuesta no se limita a capacitar a los operadores del sistema, sino que busca que el conocimiento jurídico sea más accesible y útil para la ciudadanía en general, con énfasis en la prevención de conflictos y la construcción de una cultura de cumplimiento que beneficie a ambas partes de la relación laboral.
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