Elsa Jaimes, Gerente General de Costa Afuera y Exploración de Ecopetrol, lanzó una dura alerta sobre la situación: «Esa comunidad está a nivel de extorsión. Está pidiendo un montón de plata», afirmó, sin detallar los montos solicitados.
Acusaciones de Ecopetrol contra comunidad indígena de Taganga ponen en vilo el proyecto y generan preocupación por su impacto en Santa Marta.
Las declaraciones de directivos de Ecopetrol y Petrobras sobre presuntas exigencias económicas de la comunidad indígena de Taganga durante el proceso de consulta previa encendieron las alarmas alrededor del futuro del proyecto Sirius, considerado el descubrimiento de gas natural más importante de Colombia en las últimas décadas y una de las iniciativas energéticas de mayor impacto para el país.
El proyecto ubicado en el mar Caribe, frente a las costas de Santa Marta, representa una oportunidad estratégica no solo para garantizar la seguridad energética del país, sino también para dinamizar la economía de la ciudad mediante la generación de empleo, contratación de bienes y servicios, fortalecimiento de la infraestructura y mayores oportunidades para empresas locales durante las etapas de construcción y operación.
Sin embargo, la culminación de la consulta previa con la comunidad de Taganga, requisito indispensable para obtener la licencia ambiental que permita desarrollar el proyecto, enfrenta un obstáculo al cronograma previsto para iniciar la producción de gas entre 2030 y 2031; situación que hoy concentra la atención del Gobierno Nacional y de las compañías desarrolladoras.
ACUSACIONES DE ECOPETROL
En declaraciones publicadas por el diario El Tiempo, Elsa Jaimes, gerente general de Costa Afuera y Exploración de Ecopetrol, aseguró que las exigencias económicas de la comunidad han alcanzado un nivel que calificó como «extorsión».
«Esa comunidad está pidiendo un montón de plata», afirmó la directiva a dicho medio nacional, sin revelar los montos solicitados.
En la misma línea se pronunció Alcindo Moritz, presidente de Petrobras Colombia, empresa operadora de Sirius, quien manifestó que el proyecto no puede quedar condicionado por solicitudes que, según indicó, superan ampliamente las realizadas por otras comunidades participantes en el proceso.
Moritz aseguró que no pueden convertirse en «rehenes de una comunidad que quiere un pago veinte veces mayor que otras 116 comunidades», al tiempo que insistió en la necesidad de garantizar seguridad jurídica para evitar retrasos en una iniciativa considerada estratégica para el abastecimiento de gas del país.
PROYECTO CLAVE PARA EL PAÍS
Aunque el debate gira alrededor de la consulta previa, las repercusiones de una eventual dilación trascienden el escenario jurídico.
Sirius es uno de los proyectos llamados a transformar el panorama energético nacional. Con un potencial superior a los seis terapiés cúbicos de gas natural, casi cuatro veces las reservas probadas actuales de Colombia, podría aportar cerca de 470 millones de pies cúbicos diarios, equivalentes a aproximadamente el 65 % de la producción nacional vigente.
Para Santa Marta, su desarrollo representa una oportunidad de consolidarse como uno de los principales centros logísticos y operativos de la industria offshore en Colombia. La cercanía geográfica con el proyecto ha despertado expectativas sobre la llegada de nuevas inversiones, mayor demanda de servicios especializados, fortalecimiento de proveedores locales y generación de empleo durante varios años.
Sin embargo, cualquier retraso en el licenciamiento ambiental podría aplazar esos beneficios económicos para la ciudad y el departamento.
Expertos del sector coinciden en que el tiempo juega en contra del proyecto. Una vez obtenida la licencia ambiental, la etapa de ingeniería y construcción tardará aproximadamente tres años, por lo que cada aplazamiento reduce el margen para cumplir la meta de iniciar producción entre 2030 y 2031.
LAS CONSULTAS PREVIAS
De acuerdo con Ecopetrol, el proyecto del gasoducto asociado a Sirius contempla procesos de consulta previa con 120 comunidades.
La empresa reportó que ya inició diálogos con el 97 % de ellas y que 38 comunidades han culminado satisfactoriamente la protocolización de sus acuerdos.
No obstante, la consulta pendiente con la comunidad de Taganga continúa siendo el principal cuello de botella para radicar la solicitud de licencia ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
A ello se suma la posibilidad de que nuevas comunidades sean incorporadas al proceso por decisiones judiciales, situación que, según las compañías, podría modificar nuevamente el cronograma previsto.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Además de fortalecer la autosuficiencia energética del país y reducir la dependencia de importaciones de gas natural, Sirius es visto como una oportunidad para consolidar el desarrollo económico del Caribe colombiano.
Para Santa Marta, la incertidumbre sobre los tiempos del proyecto implica también incertidumbre sobre inversiones, generación de empleo, contratación de empresas regionales y el posicionamiento de la ciudad como un nodo estratégico para la industria energética costa afuera.
Mientras Ecopetrol y Petrobras esperan concluir las consultas previas antes de finalizar este año para presentar las solicitudes ambientales en 2027, las diferencias con la comunidad de Taganga se convierten en un factor determinante para el futuro de una de las inversiones más importantes proyectadas para la región.
HOY DIARIO DEL MAGDALENA se comunicó con Ariel Daniels De Andréis, cabildo gobernador del pueblo indígena de Taganga, con el propósito de conocer su reacción frente a los señalamientos formulados por directivos de Ecopetrol y Petrobras.
La comunidad indígena de Taganga se encuentra en el centro del debate por la consulta previa requerida para avanzar en el desarrollo del proyecto energético.
El Proyecto Sirius, ubicado en aguas del mar Caribe frente a las costas de Santa Marta, es considerado uno de los mayores descubrimientos de gas natural en Colombia y una apuesta estratégica para la seguridad energética del país.
