El proyecto de ley busca adoptar medidas para sancionar la comisión de actos vandálicos, valiéndose del ocultamiento de la identidad en el contexto de manifestaciones públicas.
Quedó radicado un proyecto de ley que dará mucha controversia en los próximos días, el que busca tipificar como delito el ocultamiento de identidad, o uso de capuchas, como medio para facilitar la comisión de delitos en manifestaciones públicas.
La iniciativa fue presentada por los representantes a la Cámara Jaime Arizabaleta y Julio César Triana, del Centro Democrático y Cambio Radical, respectivamente, quienes piden garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y el ejercicio fundamental a la protesta pacífica.
Para Arizabaleta y Triana, “quien mediante la utilización deliberada de prendas, máscaras, pasamontañas, elementos u otros medios similares destinados a impedir o dificultar la identificación de una persona, cometa actos vandálicos en medio de una manifestación pública, reunión, movilización o concentración pública, serán penalizados con prisión de entre 54 a 96 meses y multas de entre 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
El represente uribista, sostuvo que esta futura ley lo que hace es fortalecer el derecho a la protesta, “el 99% de las personas que salen a protestar no salen ocultando su identidad, no salen a protestar con capucha, no salen a hacer vandalismo, salen a ejercer ese derecho constitucional que es protestar; pero se sabe que quien usa una capucha en medio de una protesta, sale a delinquir”.
En el articulado, se plantea además que como agravantes están el uso de artefactos o elementos peligrosos de fabricación artesanal, explosivos, sustancias corrosivas o cualquier otro medio idóneo para causar grave daño a las personas o a los bienes públicos y privados, y el hecho de que la conducta recaiga sobre establecimientos educativos, instituciones prestadoras de servicios de salud, instalaciones de organismos de socorro, bienes de interés cultural, infraestructura de servicios públicos esenciales.
“No podemos seguir permitiendo que comerciantes, pequeños empresarios y la infraestructura de nuestras regiones paguen el costo del vandalismo impune. La capucha se convirtió en la herramienta perfecta para destruir el patrimonio de las ciudades sin asumir ninguna consecuencia. Con este proyecto buscamos que las autoridades tengan herramientas reales no solo para judicializar, sino para agravar la pena a quienes se valen del anonimato y la capucha para delinquir y eludir a la justicia”, declaró el representante Triana.
Uno de los apartes más del proyecto, que llevará a mucha discusión es que quien por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de entre 54 a 96 meses y multas de entre 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión.
También fue radicado en el Congreso un acto legislativo con el cual se busca que en el país se acabe con el pago de la reposición de votos en las consultas interpartidistas e internas, que fue presentado por el senador uribista, Hernán Cadavid, esto en particular porque el Estado debe pagar cifras multimillonarias a candidatos en su momento como Iván Cepeda.
Por su parte un grupo de congresistas de la oposición como los senadores Duvalier Sánchez, Jennifer Pedraza y los representantes Mauricio Toro, Laura Daniela Beltrán, (conocida como Lalis) y Óscar Benavides, radicaron un acto legislativo que dispone de cambios al CNE, en particular a la forma como son elegidos los nueve magistrados de ese tribunal electoral, el cual precisamente se posesionó este martes ante el presidente Abelardo de la Espriella. El mismo fue elegido hace dos semanas por el Congreso de la República en pleno.
´Tatequieto´ a la protesta social
Al fin la justicia le pone tatequieto a la llamada protesta social, la cual se convirtió en patente de corzo para bloquear vías, carreteras y afectar derechos fundamentales. El Consejo de Estado puso límites al derecho a la protesta en una sentencia en la que declaró patrimonialmente responsables a una organización comunitaria y a quien era su presidenta por los perjuicios que le ocasionaron a Ecopetrol durante una serie de bloqueos a la Estación Chichimene, en Acacías (Meta).
La decisión revocó un fallo del Tribunal Administrativo del Meta que, en febrero pasado, había negado las pretensiones de la petrolera. En su lugar, condenó solidariamente a la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal Área de Influencia Directa San Isidro de Chichimene y a su entonces representante legal, Sandra Patricia Ruiz Riaño.
La movilización, liderada por Ruiz Riaño, terminó en bloqueos a los accesos de la Estación Chichimene, restricciones para el ingreso de trabajadores, contratistas, maquinaria e insumos y otras medidas que alteraron la operación de la petrolera.
Según quedó consignado en el expediente, varios contratos tuvieron que ser suspendidos parcial o totalmente por las dificultades para ingresar a las zonas de trabajo.
Ecopetrol acudió a la justicia en 2019 y reclamó inicialmente una indemnización de 4.056 millones de pesos, al asegurar que los bloqueos provocaron una disminución de la producción de crudo y, por esa vía, un lucro cesante.
La Sala también puso la lupa sobre la forma en que se desarrollaron las manifestaciones y concluyó que desbordaron los límites constitucionales del derecho a la protesta.
“Es claro que el derecho a la protesta fue utilizado en este caso como un mecanismo de presión que excedió su función constitucional y democrática en tanto generó una afectación directa al derecho de propiedad y al normal desarrollo de la actividad económica de la empresa demandante”, señaló la providencia.
Para el Consejo de Estado, los bloqueos impidieron el normal funcionamiento de una instalación industrial, restringieron el ingreso de trabajadores y contratistas y dificultaron el traslado de equipos e insumos necesarios para mantener la producción.
