La Procuraduría anunció que inició el proceso para reformar el Código General Disciplinario con el propósito de hacer más ágiles los procesos sin reducir las garantías de quienes son investigados.
El grupo encargado de la reforma comenzó sus trabajos con una instrucción del procurador general, Gregorio Eljach, de revisar cómo funciona actualmente el régimen disciplinario y determinar qué cambios requiere.
La apuesta, según explicó el Ministerio Público, es reducir la rigidez y el carácter esquemático de los procedimientos, pero mantener como límite las garantías de los sujetos procesales.
La primera jornada fue liderada por el viceprocurador general, Julián Andrés Fernández, quien planteó que el código vigente y las convenciones de derechos humanos serán el punto de partida para la revisión, sumado a enfoques como el de género y el étnico y racial, teniendo en cuenta además los criterios fijados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
Según precisó la entidad, el grupo comenzará identificando primero los problemas que enfrentan los funcionarios en la aplicación cotidiana del Código General Disciplinario. La metodología contempla espacios de discusión para definir esas dificultades y, a partir de ellas, elaborar posteriormente el nuevo texto.
El cronograma contempla que en diciembre de 2026 esté listo un primer documento de trabajo. Entre enero y marzo de 2027 se realizará una etapa de consulta con personeros, altas cortes y oficinas de control interno disciplinario para recoger sus observaciones.
Con esos aportes, la Procuraduría prevé radicar en marzo de 2027 el proyecto de reforma al Código General Disciplinario.
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