Naylea Barros Martínez, dirigente política víctima de un atentado en Santa Marta, para quien el Distrito solicitó un esquema especial de protección ante la UNP.
El Subcomité de Prevención y Protección del Distrito solicitó a la UNP un trámite de emergencia para asignarle un esquema especial de seguridad a la dirigente política.
La Alcaldía de Santa Marta activó una ruta institucional de prevención y protección tras el atentado contra la dirigente política Naylea Barros, con el propósito de garantizar su vida, integridad y retorno seguro a la ciudad, donde tiene su arraigo, su lugar de trabajo y su familia.
Así lo confirmó la alta consejera para la Paz y el Posconflicto del Distrito, Jennifer Del Toro, quien explicó que la decisión se adoptó en sesión del Subcomité de Prevención y Protección, con participación de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Fiscalía Seccional Magdalena, Ejército, Policía, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Personería Distrital.
Como resultado de la reunión, las entidades acordaron solicitar de manera conjunta y con carácter de emergencia a la UNP la asignación de un esquema especial de seguridad para Barros. La petición fue formalizada por escrito desde el pasado miércoles y quedó respaldada en el acta del subcomité.
“La prioridad es la protección, la vida y la integridad de la dirigente política Naylea Barros”, sostuvo Del Toro, al señalar que el objetivo es brindar las garantías necesarias para que pueda regresar a Santa Marta.
FISCALÍA ACELERA INVESTIGACIÓN
En paralelo, la Fiscalía informó que avanza en una investigación para esclarecer el atentado. De acuerdo con la funcionaria, fue designada una fiscal para atender de manera exclusiva el caso y ya se adelanta la recopilación del material probatorio.
Entre las acciones se encuentra la recuperación de las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas a lo largo de la ruta que habría seguido el vehículo de la dirigente política, con el propósito de reconstruir los hechos y establecer responsabilidades.
Del Toro agregó que el ente investigador convocó una mesa técnica integrada por los fiscales que tienen a su cargo la investigación, bajo la dirección de la fiscal seccional Magdalena, quien recibió instrucciones para avanzar en el esclarecimiento y judicialización de los responsables.
También se encuentran activadas las órdenes dirigidas a la Policía Judicial y al CTI para la recolección de elementos materiales probatorios.
La alta consejera manifestó que, desde la administración distrital, existe confianza en que las investigaciones avanzan con rapidez y permitirán establecer tanto los móviles como los responsables del atentado.
LLAMADO A NO POLITIZAR LA VIOLENCIA
Del Toro también hizo un llamado a evitar que el atentado sea utilizado para profundizar la confrontación política en el territorio. Sin mencionar la investigación como escenario de señalamientos políticos, cuestionó las declaraciones del senador del Pacto Histórico, Jorge Alejandro Ocampo y advirtió sobre los riesgos de incrementar la polarización en una zona con antecedentes de conflicto armado.
“En un territorio con conflicto armado activo, escalar la polarización y la violencia puede atizar aún más estos visos de violencia para el territorio”, afirmó.
La funcionaria pidió mantener la tranquilidad mientras avanzan las investigaciones y reiteró que la prioridad del Distrito es proteger a Barros, garantizar el esclarecimiento de los hechos y evitar que la violencia se convierta en un instrumento de confrontación política de cara al próximo proceso electoral.
GARANTÍAS PARA TODOS
Frente a los cuestionamientos sobre la actuación de la administración distrital, Del Toro aseguró que la política de protección de la Alcaldía no distingue entre sectores políticos.
“Lo único que hemos hecho en esta administración es brindarles garantías a todos los sectores”, afirmó, al señalar que desde su despacho se han activado rutas de protección para dirigentes de distintas corrientes políticas.
La alta consejera sostuvo que la instrucción recibida del alcalde Carlos Pinedo Cuello ha sido garantizar la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos, independientemente de su orientación política.
Finalmente, Del Toro relacionó el actual escenario de inseguridad con el deterioro del orden público registrado durante los últimos años y cuestionó la política de “Paz Total” del anterior Gobierno nacional. Según la funcionaria, la discusión de fondo debe centrarse en recuperar el control territorial y fortalecer las condiciones de seguridad para los habitantes de Santa Marta y el Magdalena.
En ese sentido, insistió en que el atentado contra Naylea Barros debe ser investigado con celeridad y que cualquier debate político debe mantenerse separado de la violencia, para evitar que la polarización termine generando nuevas afectaciones en el territorio.
