Findeter le aprobó dos créditos directos a Air-e por un total de $328.000 millones que tendrían en riesgo el recurso público.
El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se prepara para adoptar un ´plan de choque ante la crisis de la empresa Air-e
Según lo consignado en el denominado Libro de la verdad, elaborado por el gobierno de ´El Tigre´ la empresa también figura como uno de los casos más delicados desde la perspectiva financiera, fiscal y energética del país.
El Ministerio de Minas y Energía ha expuesto a Air-e como el caso más crítico dentro de un sector que, según la nueva administración, enfrenta riesgos de abastecimiento, problemas financieros y desafíos de confiabilidad. Por el otro, el Ministerio de Hacienda incorpora un cuestionamiento sobre créditos otorgados por Findeter a la compañía por $328.000 millones, recursos que hoy estarían expuestos a un riesgo de recuperación.
Los informes que tiene el gobierno dejan a Air-e como uno de los expedientes más sensibles encontrados durante el proceso de empalme.
La compañía suministra energía a tres departamentos. Específicamente, cerca de 1,3 millones de usuarios los atiende en el Atlántico, Magdalena y La Guajira.
LOS PASIVOS
Según el Libro de la Verdad, Air-e pasó de registrar un patrimonio positivo de $2,22 billones en 2023 a presentar un patrimonio negativo durante el periodo posterior analizado por la nueva administración.
El informe además señala que la compañía reportó una pérdida neta de $1,15 billones en 2025 y advierte sobre factores como su exposición a compras de energía en bolsa, las pérdidas de energía y las dificultades de recaudo.
Para el Ministerio de Minas y Energía, estos elementos configuran un riesgo que va más allá del desempeño de una sola empresa. De acuerdo con el texto revisado por esta casa editorial, la situación tendría efectos potenciales sobre generadores, transmisores y otros participantes del mercado eléctrico nacional.
El diagnóstico contenido en el documento se produce después de años de controversias alrededor de la compañía. La intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos comenzó en septiembre de 2024 en medio de una compleja situación financiera que derivó posteriormente en discusiones sobre el futuro de la operación y la prestación del servicio en la región. Casi 24 meses después, la empresa sigue en vilo.
LA PLATA DE FINDETER
Según el documento, la entidad financiera pública aprobó dos créditos directos a Air-e por un total de $328.000 millones. El primero habría sido desembolsado el 3 de noviembre de 2023 por $280.000 millones y el segundo el 9 de abril de 2024 por otros $48.000 millones.
Además, la observación principal apunta a presuntas inconsistencias en la documentación de soporte, a la ausencia de respaldo suficiente en algunos supuestos utilizados dentro del modelo de análisis de riesgo y a unas garantías que, según el texto, resultarían insuficientes frente a la magnitud de la exposición financiera asumida.
El informe vincula directamente esos créditos con los acontecimientos que ocurrieron posteriormente. Según el relato contenido en el Libro de la verdad, menos de un año después de una de esas operaciones de financiación, Air-e entró en un proceso de intervención estatal debido a su situación financiera.
Posteriormente se produjo el anuncio de liquidación de la compañía, escenario que para los autores del documento aumentó significativamente el riesgo de recuperación de los recursos desembolsados.
Cabe recordar que Findeter no opera como una entidad financiera privada convencional, ya que es una entidad de capital público encargada de financiar proyectos estratégicos e iniciativas de infraestructura con recursos respaldados por el Estado.
Por esa razón, cualquier eventual deterioro en la recuperación de esos créditos trasciende la discusión empresarial y adquiere una dimensión fiscal.
ALARMAS ENCENDIDAS
Otro dato significativo consignado en el documento corresponde al comportamiento de la cartera comercial improductiva de Findeter. Según las cifras citadas en el informe, este indicador pasó de $2.119 millones en 2024 a $367.256 millones en 2025.
Para los autores del Libro de la verdad, ese incremento reflejaría el impacto que tuvo la operación relacionada con Air-e dentro de la cartera de la entidad.
Sin embargo, será tarea de los organismos de control, las auditorías y las revisiones técnicas establecer si los cuestionamientos planteados por el documento tienen sustento suficiente y si existieron irregularidades en los procesos evaluados.
Después de todo, la doble aparición de Air-e dentro del Libro de la verdad permite observar cómo la nueva administración está interpretando uno de los episodios más complejos que ha vivido el sector energético del Caribe en los últimos años.
Y aunque las conclusiones definitivas aún están lejos de producirse, el alcance territorial del caso explica por qué el tema sigue generando atención. Sus efectos han atravesado durante años la vida cotidiana de millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, tres departamentos donde el debate energético continúa siendo una de las discusiones más sensibles para ciudadanos, empresarios y autoridades.
LA PROPUESTA DE VERANO
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, pidió en las últimas horas al Gobierno Nacional adoptar una solución de fondo para atender los problemas que enfrenta el sistema energético de la región Caribe y evitar que las dificultades financieras y operativas de empresas como Air-e y Afinia terminen afectando al conjunto del sistema eléctrico colombiano.
La solicitud fue planteada en una carta enviada al Gobierno, en la que el mandatario departamental advirtió que la situación energética del Caribe no puede seguir siendo atendida mediante medidas temporales o soluciones aisladas. A su juicio, las dificultades que atraviesan los principales operadores de la región evidencian problemas estructurales que requieren una revisión integral del modelo de distribución y comercialización de energía.
Para Verano, la intervención de Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios permitió garantizar la continuidad de la prestación del servicio, pero no solucionó las causas que llevaron a la empresa a una situación crítica.
El gobernador sostuvo que, aunque la intervención ha sido necesaria para evitar una afectación mayor a los usuarios, ahora se requiere avanzar hacia una estrategia que permita resolver los problemas financieros y operativos acumulados y garantizar la sostenibilidad del servicio en el largo plazo.
En su comunicación, Verano también se refirió a la situación de Afinia, empresa que, pese a contar con el respaldo de un grupo empresarial sólido, enfrenta dificultades relacionadas con el recaudo, las pérdidas de energía, la liquidez y las necesidades de inversión.
De acuerdo con las cifras citadas por el gobernador, Afinia acumula más de $3 billones en fondeo desde el inicio de su operación y registró un flujo de caja negativo de $819.099 millones durante 2025.
El panorama, según Verano, demuestra que las dificultades del sector energético en el Caribe no se limitan a una sola compañía. Por ello, considera que una eventual solución para Air-e no debería reducirse exclusivamente a encontrar un nuevo operador.
La propuesta apunta a modificar las condiciones estructurales bajo las cuales funciona el sistema energético regional y tener en cuenta factores particulares del Caribe, como sus condiciones económicas, sociales y climáticas.
Uno de los principales llamados de atención del gobernador está relacionado con las obligaciones que Air-e mantiene con distintos agentes del mercado eléctrico. La empresa tiene compromisos acumulados con generadores, transmisores y otros actores de la cadena, situación que, de acuerdo con Verano, puede terminar trasladando las dificultades financieras de una compañía regional al resto del sistema.
“Una crisis que comenzó en una empresa regional no puede convertirse en un problema financiero de toda la cadena eléctrica nacional”, señaló el mandatario en la comunicación enviada al Gobierno Nacional.
