ACP respalda agenda energética de De la Espriella y pide reactivar exploración y fracking

Frank Pearl respaldó los anuncios del presidente Abelardo De la Espriella sobre seguridad energética y planteó una agenda que incluye reactivar la exploración, aumentar la producción, acelerar el gas costa afuera y desarrollar yacimientos no convencionales.

Los anuncios del presidente Abelardo De la Espriella sobre el sector energético abrieron nuevamente la discusión sobre el futuro de la exploración de hidrocarburos y los yacimientos no convencionales en Colombia.

El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, respaldó la orientación planteada por el nuevo Gobierno y señaló que el país debe concentrarse en recuperar capacidad de producción y garantizar el abastecimiento de petróleo y gas.

“Compartimos su compromiso con la seguridad energética de los colombianos. El país requiere energía suficiente, confiable y competitiva. Tenemos cómo lograrlo”, señaló Pearl.

A partir de los anuncios presidenciales, la ACP planteó una Agenda de Crecimiento por Colombia, con la que busca que el Gobierno avance en una política energética de largo plazo y no únicamente en medidas para los próximos años.

Entre las prioridades propuestas por el gremio están la reactivación de la exploración, el aumento de la producción, la aceleración de los proyectos de gas costa afuera, el fortalecimiento del sistema de distribución de combustibles líquidos y el desarrollo de los yacimientos no convencionales.

La exploración, una de las primeras tareas

La posición de la ACP marca un cambio frente a la política que tuvo el Gobierno de Gustavo Petro frente a la exploración de hidrocarburos.

Durante esa administración continuaron actividades de exploración asociadas a contratos previamente adjudicados. Sin embargo, el Gobierno decidió no firmar nuevos contratos de exploración y producción ni ampliar la frontera exploratoria.

Con Abelardo De la Espriella, el sector espera una modificación de esa orientación y una reactivación de la actividad exploratoria como parte de la estrategia para aumentar la oferta nacional de hidrocarburos.

La discusión ocurre además en un momento en el que el país enfrenta una mayor dependencia del gas importado. Según el informe de recursos y reservas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para 2025, Colombia cuenta con recursos contingentes de gas que podrían incorporarse al sistema una vez se superen diferentes trámites ambientales, sociales, regulatorios y económicos.

De acuerdo con el balance de Acipet incluido en este debate, de los 10,5 tera cúbicos de recursos contingentes de gas del país, 2,6 tera cúbicos corresponden a recursos descubiertos en tierra que están pendientes de diferentes procesos para poder avanzar.

La incorporación de esos recursos no resolvería por completo el déficit, pero permitiría disminuir las cantidades de gas que Colombia necesita importar.

En mayo, el 28 % del gas comercializado en el país fue importado, según el informe citado de la Bolsa Mercantil y la ANH. Esa mayor participación del gas importado también tiene incidencia sobre las tarifas que pagan los usuarios.

El fracking vuelve a la agenda del Gobierno

Dentro de la propuesta de la ACP aparece además el desarrollo de los yacimientos no convencionales.

El tema había quedado relegado durante el Gobierno Petro, particularmente después de la suspensión de los pilotos Kalé y Platero, ubicados en Puerto Wilches, Santander.

Ambos proyectos permanecen suspendidos desde 2022 y no alcanzaron a llegar a la etapa de perforación. Por eso, una eventual decisión del nuevo Gobierno de reactivar el fracking no significaría simplemente retomar una operación que ya estaba produciendo.

Óscar Feney Rincón Silva, director de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), explicó que los dos pilotos quedaron en la etapa previa.

“Los dos pilotos quedaron en todos los trámites y en todas las actividades que contemplaban la fase previa. No podemos hablar de retomar perforación puesto que nunca se empezó la perforación de los mismos”, explicó.

Según el análisis técnico entregado por Acipet, los proyectos podrían tardar entre dos y tres años en llegar a una fase importante de producción, dependiendo de las decisiones que adopte el Gobierno y de la prioridad que se les otorgue.

Además, después de cuatro años de suspensión, sería necesario retomar aspectos operativos, de inversión y contratación de servicios para avanzar hacia la ejecución.

Magdalena Medio tendría una ventaja para el desarrollo

Uno de los puntos que podría favorecer el desarrollo de los yacimientos no convencionales es la infraestructura existente en el Magdalena Medio.

La región acumula más de un siglo de actividad petrolera y cuenta con campos de producción, oleoductos, poliductos y redes de transporte de gas. También está ubicada allí una de las principales refinerías del país.

Para Acipet, esa infraestructura podría utilizarse inicialmente en un eventual desarrollo de los yacimientos no convencionales.

“Tenemos campos de producción cercanos que han desarrollado y tienen infraestructura que pudiera llegar a adaptarse. Quizás no para un desarrollo masivo o en grande del yacimiento, pero sí para las primeras fases del proyecto”, indicó Rincón Silva.

El potencial de estos recursos también ha sido comparado con el desarrollo de Vaca Muerta, en Argentina. Según Acipet, existen similitudes geológicas entre las formaciones del Magdalena Medio y las desarrolladas en ese país, aunque también hay diferencias en profundidad y características técnicas.

El caso argentino es utilizado como referencia por el sector debido al crecimiento que tuvo la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta después de la etapa inicial de conocimiento y desarrollo del yacimiento.

ACP pide una política energética para 30 años

Además de la exploración y los yacimientos no convencionales, la propuesta de la ACP incluye una dimensión económica y social.

El gremio plantea reglas claras para la inversión, competitividad fiscal y una estrategia para utilizar las regalías con el propósito de diversificar las economías regionales y reducir gradualmente la dependencia fiscal de los hidrocarburos.

La agenda también incluye la generación de empleo formal, formación de talento y acceso a energía a precios que puedan ser asumidos por los hogares.

Pearl señaló que el sector está dispuesto a participar en la construcción de una política energética que trascienda los gobiernos.

“Estamos listos para contribuir a definir una política energética de Estado de largo plazo (mínimo a 30 años)”, afirmó.

La ACP sostiene que el sector cuenta con la capacidad técnica, el capital y el conocimiento para participar en ese proceso.

“Este sector tiene la visión, el compromiso, el talento y los recursos para lograr estos objetivos”, agregó Pearl.

El Congreso tendrá la última palabra sobre el fracking

La eventual reactivación de los yacimientos no convencionales también tendrá un componente legislativo.

Actualmente cursa en el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir en todo el territorio nacional la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales y el uso del fracturamiento hidráulico multietapa, conocido como fracking.

Es el sexto intento desde 2018 para establecer una prohibición legal de esta actividad en Colombia. Los anteriores proyectos no lograron convertirse en ley.

El proyecto actual contempla prohibiciones para nuevos contratos, modificaciones, renovaciones o prórrogas relacionadas con yacimientos no convencionales y establece alternativas para los contratos que actualmente estén vigentes.

De esta manera, la política energética del Gobierno de Abelardo De la Espriella tendrá que avanzar en paralelo con el debate que se dará en el Congreso.

Mientras el Ejecutivo plantea recuperar la exploración, aumentar la producción y evaluar el desarrollo de los yacimientos no convencionales, el Legislativo deberá decidir si mantiene abierta esa posibilidad o establece una prohibición para el fracking.

Para la ACP, el punto central es construir una política energética de largo plazo que permita atender las necesidades actuales de abastecimiento sin dejar de avanzar en la transición energética.

La discusión, por tanto, no estará limitada al fracking. También incluirá la exploración convencional, el gas costa afuera, la infraestructura de transporte y distribución, la inversión y el papel que los hidrocarburos seguirán teniendo en las finanzas públicas y en la seguridad energética del país.

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