Se conocieron nuevos detalles sobre las razones que habrían llevado a la exrepresentante a la Cámara Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, a publicar la suspensión contra el presidente Gustavo Petro en junio de 2026.
De acuerdo con el auto de apertura de investigación formal emitido por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que fue divulgado por el diario El Tiempo, la decisión de la excongresista habría sido el desenlace de una serie de exigencias de dinero, puestos públicos y favores políticos no concretados con el Gobierno nacional.
El expediente de 46 páginas, que incluye las pruebas recopiladas por el magistrado instructor Misael Rodríguez, señala que la publicación del auto de suspensión se utilizó como una medida de presión.
De esta manera, la excongresista del Pacto Histórico es investigada por la presunta comisión de los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto durante su gestión como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusaciones (2025-2026).
Ahora, de acuerdo con el reporte periodístico de Noticias Caracol y los documentos del alto tribunal, la excongresista sostuvo cuatro reuniones con el abogado defensor del mandatario, Alejandro Carranza, más conocido en redes sociales como “Hombre jurista”. En esos encuentros, Arizabaleta habría pedido servir de enlace con el Gobierno para coordinar el cierre de las investigaciones contra Petro a cambio de nombramientos en entidades estatales y recursos económicos.
De acuerdo con la investigación de la alta corte, la presunta razón por la que Gloria Arizabaleta publicó la polémica suspensión del presidente Gustavo Petro habría sido ejercer presión sobre el Gobierno, luego de que, supuestamente, no prosperaran sus exigencias de dinero, nombramientos en entidades públicas y acuerdos políticos.
Con el expediente, la exrepresentante habría advertido previamente al abogado del mandatario, Alejandro Carranza, que si el Ejecutivo no “negociaba” ni conseguía los votos necesarios en la Comisión de Investigación y Acusaciones, impulsaría decisiones en contra del jefe de Estado.
