El país asiste a un momento político determinante en su arquitectura administrativa e institucional. Tras un cuatrienio marcado por lo que desde las regiones se ha calificado como un «cortocircuito» constante, debido a los intentos del gobierno saliente por imponer su agenda e ideologías sobre las dinámicas territoriales, el inicio de la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella, plantea un giro de timón.
La promesa de instaurar un verdadero «gobierno de las regiones» ha generado expectativas, pero su viabilidad técnica y política dependerá de cómo se resuelvan profundos desafíos fiscales y legislativos en los próximos seis meses.
El diagnóstico de los mandatarios locales al iniciar esta transición es complejo. Desde la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) se advierte que el gobierno nacional saliente trabajó de espaldas a las alcaldías. Los gobiernos municipales enfrentan un contexto de alta presión en materia de seguridad, restricciones financieras significativas y un debilitamiento del control territorial, especialmente en zonas con presencia de conflicto armado.
A esta radiografía se suma la postura de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias), gremio que ha manifestado su respaldo a las decisiones de las instituciones democráticas y a los resultados electorales como faro de la institucionalidad. Para hacer frente a esta nueva etapa, incluso Asointermedias presentó al presidente electo una hoja de ruta estructurada en diez propuestas, construidas con alcaldes y equipos técnicos, enfocadas en seguridad, infraestructura, medio ambiente e internacionalización. El objetivo del gremio es que estas iniciativas se incorporen en el plan de gobierno del nuevo mandatario y sean el cimiento del próximo Plan Nacional de Desarrollo.
EL SGP Y LA LEY DE COMPETENCIAS
El núcleo de la descentralización en Colombia pasa hoy por la materialización de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), aprobada hace dos años mediante el Acto Legislativo 03, y que entrará en vigencia el 1 de enero de 2027. Este marco constitucional establece un incremento gradual durante 12 años, pasando de transferir el 25 % o 26 % de los ingresos corrientes de la nación a un 39,5 %, trasladando a su vez mayores responsabilidades a los territorios en salud, educación y saneamiento básico.
Asointermedias respalda plenamente esta reforma, al considerarla el elemento fundamental para una verdadera descentralización política en Colombia. Sin embargo, el andamiaje está incompleto. Para que el nuevo SGP funcione, es imperativo que el Congreso apruebe la Ley de Competencias en el semestre en curso. Dicho articulado naufragó en la primera mitad del año debido a que la administración del presidente Gustavo Petro intentó introducir reformas paralelas en salud y pensiones a través de este proyecto, lo que generó el rechazo legislativo.
La falta de aprobación de esta ley genera un escenario de profunda incertidumbre para los entes territoriales. Desde Fedemunicipios se enfatiza que la descentralización no puede limitarse a aumentar las transferencias, sino que requiere un nuevo modelo de Estado con competencias claramente definidas. El gremio insiste en que es preferible contar con una ley producto del consenso y del análisis técnico, en lugar de aprobar una norma apresurada que termine generando duplicidad de funciones o nuevas cargas sin el respaldo financiero suficiente.
