Foto: Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario
El Gobierno nacional recibió el informe final del Comité de Expertos Ad Hoc para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas sociales desarrolladas entre 2019 y 2021, un documento que busca aportar a la verdad, la memoria y las garantías de no repetición en el país.
La entrega se realizó en la Casa de Nariño, en cumplimiento del Decreto 1190 de 2025, que creó este mecanismo extraordinario, independiente y de carácter extrajudicial para analizar los hechos registrados durante ese periodo.
El Comité estuvo integrado por expertos de reconocida trayectoria en derechos humanos, con la misión de documentar, analizar y esclarecer las posibles vulneraciones ocurridas en el marco de las movilizaciones sociales entre 2019 y 2021.
Como parte de su trabajo, identificó patrones, contextos y dinámicas relacionadas con estos hechos y elaboró una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer la protección de los derechos humanos y el ejercicio del derecho fundamental a la protesta social.
El Gobierno recordó que este mecanismo no tiene funciones judiciales ni competencias para establecer responsabilidades penales, disciplinarias, fiscales o administrativas. Su mandato estuvo enfocado exclusivamente en contribuir al esclarecimiento de los hechos, como parte del derecho de las víctimas a la verdad, el aporte a la justicia y la construcción de garantías de no repetición.
Las recomendaciones contenidas en el informe deberán ser consideradas por las instituciones del Estado para fortalecer las políticas de protección de los derechos humanos y evitar que hechos similares vuelvan a presentarse. El documento también busca convertirse en un insumo para la construcción de memoria y el fortalecimiento de las garantías para el ejercicio de la protesta social en Colombia.
Con la recepción del informe, el Gobierno reiteró su compromiso con el respeto y la garantía de los derechos humanos, la movilización y la protesta pacífica, así como con el diálogo como mecanismo para la resolución de los conflictos y la consolidación de escenarios de convivencia democrática.
Con información de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
