De acuerdo con la jurisdicción, 43 militares fueron imputados como máximos responsables por el asesinato de 739 personas en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó en Valledupar la audiencia pública de reconocimiento de verdad del Subcaso Costa Caribe II, en la que tres generales (r) del Ejército Nacional y otros 22 militares retirados aceptaron su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate, cometidos entre 2002 y 2008 en siete departamentos de la región Caribe.
Los hechos investigados corresponden a 604 asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos entre enero de 2002 y diciembre de 2008 en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
Las víctimas incluyen 31 indígenas de los pueblos Wiwa, Wayú y Kankuamo, 26 niños y niñas, 14 mujeres, una de ellas embarazada, y cerca de 120 personas que aún no han sido identificadas.
La audiencia reunió a más de 108 víctimas, quienes escucharon los reconocimientos de responsabilidad de los militares retirados pertenecientes a unidades adscritas a la Primera División del Ejército y, posteriormente, al Comando Conjunto No.1 Caribe.
Uno de los momentos más significativos de la jornada final estuvo a cargo del mayor (r) Julio César Parga Rivas, quien nombró una a una a decenas de víctimas y reconoció que «todas estas personas murieron en estado de indefensión, nunca se enfrentaron con la fuerza pública y no debieron morir en estas circunstancias como lo presentaron las tropas que yo lideraba».
Además, se comprometió a seguir trabajando con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para contribuir a la ubicación de quienes aún permanecen desaparecidos.
Por su parte, el teniente coronel (r) Luis Fernando Borja Aristizábal reiteró los señalamientos que ha hecho desde años atrás sobre la cadena de mando militar y aseguró que varios altos oficiales conocían lo que ocurría en las unidades bajo su jurisdicción.
«Mi general Freddy Padilla de León conocía que estábamos asesinando gente inocente. Mi general Mario Montoya Uribe conocía y sabía que estábamos asesinando personas inocentes para mostrarlas como resultado operacional», afirmó.
También mencionó a otros oficiales de alto rango y sostuvo que los crímenes no fueron hechos aislados. «Esto no era unas manzanas podridas (…) Todos sabíamos lo que estaba pasando», dijo durante su intervención.
El brigadier general (r) Adolfo León Hernández Martínez reconoció, a su vez, que omitió ejercer controles frente a las alertas que recibía como comandante y aceptó haber mantenido la presión por obtener resultados operacionales.
«Mantuve y transmití presión por los resultados, una presión que también recibí de mis superiores», manifestó al señalar que esa dinámica contribuyó a la comisión de los crímenes.
Asimismo, el mayor general (r) Jorge Enrique Navarrete Jadeth admitió que los incentivos otorgados por resultados operacionales favorecieron la comisión de los asesinatos.
«Fui yo quien falló en contener esa maquinaria de muerte», expresó, al reconocer que promovió felicitaciones, permisos y otros estímulos asociados directamente al número de bajas reportadas.
El coronel (r) Juan Carlos Bustamante Rodríguez aceptó que durante su mando en el Batallón Especial Energético y Vial No. 2 se cometieron asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate y reconoció su responsabilidad como coautor mediato por haber contribuido a mantener las condiciones que permitieron la continuidad de esos hechos.
Por su parte, el teniente coronel (r) Juan Guillermo Múnera Piedrahita admitió haber creado una red de reclutadores para engañar civiles que posteriormente eran asesinados y reportados como supuestos guerrilleros muertos en combate.
El subteniente Joaquín Alfonso Moreno Gómez afirmó que su propósito era «romper de manera definitiva e irreversible el pacto de silencio» y asumió plenamente su responsabilidad.
«Yo disparé, yo planeé, yo coordiné, yo encubrí y yo permití que la barbarie ocurriera», dijo ante las víctimas. También prometió seguir aportando información «hasta que toda la cadena del mando y todos los responsables de estos hechos asuman el costo legal y moral de lo que hicimos».
Durante la audiencia también intervino el mayor general (r) Hernán Giraldo Restrepo, quien aseguró que durante su carrera militar se habló reiteradamente de una supuesta «guerra jurídica», pero reconoció que en realidad existían graves daños causados a las víctimas y a sus familias que no fueron atendidos por la institución.
La JEP ha establecido que estas conductas respondieron a un patrón macrocriminal impulsado por la presión para mostrar resultados operacionales, el otorgamiento de incentivos como ascensos, permisos y condecoraciones, y prácticas de encubrimiento dirigidas a ocultar la ilegalidad de los hechos y desacreditar las denuncias.
Con el cierre de esta audiencia, la magistratura deberá evaluar si los comparecientes realizaron un reconocimiento pleno, detallado y suficiente de verdad y responsabilidad. Si concluye que cumplieron con los estándares exigidos por la justicia transicional, remitirá el caso al Tribunal para la Paz para la imposición de la correspondiente sanción propia.
En caso contrario, podrá remitir a quienes incumplan a un juicio adversarial, en el que se exponen a penas de hasta 20 años de prisión./Colprensa
