El Ministerio del Interior, a través de su Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos y su Dirección de Derechos Humanos, resalta la expedición del Decreto 459 del 14 de julio de 2026 por parte de la Gobernación del Magdalena.
Este acto administrativo establece lineamientos y un protocolo integral de acciones preventivas en favor de la garantía de derechos humanos en contextos de movilizaciones sociales y manifestaciones públicas, y la garantía de los derechos a la protesta social y la libre expresión en el departamento.
“Esta cartera del Gobierno nacional destaca que el nuevo protocolo se presenta a la ciudadanía fundado en la primacía del diálogo y la mediación como herramientas fundamentales para la gestión de movilizaciones sociales, buscando prevenir hechos de violencia, violaciones de derechos humanos y promover la confianza entre la ciudadanía y las instituciones”, dice la información.
Asimismo, el decreto reafirma que el aviso previo sobre una jornada de protesta no constituye una condición para el ejercicio del derecho, el cual puede realizarse de manera espontánea.
El Ministerio del Interior resalta que el Decreto 459 de 2026 incorpora de manera transversal diversos enfoques diferenciales, planteando una visión de protección integral que reconoce a las poblaciones en situación de vulnerabilidad y desigualdad.
DECISIÓN ALINEADA
“En cuanto al uso de la fuerza, el protocolo del Magdalena es claro y enfático en su naturaleza “excepcional y de último recurso”. Estas medidas se alinean con las directrices nacionales en materia de derechos humanos, como los decretos 003 del 2021, 1231 de 2024 y 550 de 2026, los fallos de la Corte Constitucional y las recomendaciones y directrices de organismos internacionales”, dice en otros de sus apartes el escrito de dicha Cartera.
El Ministerio del Interior celebra la creación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas como la Mesa Técnica de Seguimiento a casos de presunto abuso de autoridad, y la conformación de Comisiones de Verificación e Interlocución (CVI) integradas por organizaciones de la sociedad civil.
Desde el Ministerio del Interior, en articulación con las autoridades locales y organizaciones sociales, continuamos aunando esfuerzos para avanzar en la garantía de los derechos humanos en contextos de movilización y protesta social.
“Reiteramos que el respeto por la vida y el reconocimiento de la legitimidad de la movilización social son pilares irrenunciables de la democracia y la construcción de una paz estable”, concluye la información.
