La Sección Primera del Consejo de Estado estudiará una demanda contra las facultades que el Gobierno nacional se dio a sí mismo para mover plata del presupuesto nacional basándose en el fenómeno del Niño. Mientras llega a una decisión de fondo, el alto tribunal decidió suspender dos apartes clave de un decreto.
Pablo Andrés Córdoba Acosta será el magistrado ponente del caso, y su primera decisión, después de admitir la nulidad contra el Decreto 802 de 2026 —con el que el Gobierno declaró una “situación de desastre nacional”—, fue frenar un parágrafo y un inciso que ampliaban las capacidades del Ministerio de Hacienda para responder al Niño.
El ministerio, de acuerdo con el acto administrativo, podía “realizar los traslados necesarios para atender la situación de desastre”. La plata caía en una subcuenta del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres —que administra la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD)—, con métodos de contratación o de ejecución de recursos más flexibles.
Córdoba consideró, al menos de forma preliminar, que el Ejecutivo se extralimitó, pues en tiempos de normalidad —es decir, cuando no está vigente un estado de excepción, como una emergencia económica o conmoción interior— solo el Congreso puede decretar y apropiar gastos. Además, la norma tampoco detalla cuánto dinero podía ser trasladado, qué origen debía tener o a dónde debía destinarse.
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/LA FM
