La Corte Suprema de Justicia mantuvo la decisión de no conceder la libertad a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, procesados por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La corporación concluyó que aun quedan pruebas dentro del expediente que deben ser tenidas en cuenta, por lo que no existen las condiciones para conceder la libertad por vencimiento de términos argumentada previamente por la defensa en marzo y abril del presente año.
Según la decisión, algunas de esas pruebas incluyen el testimonio del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, por lo que el tiempo para evaluar una eventual libertad no corresponde a seis meses, como alegaban las defensas, sino a un año.
«Por lo anterior, esta Sala confirmará la denegación de la libertad provisional de los aforados», señaló la providencia.
Sumado a lo anterior, la Sala anunció que aceptó el testimonio del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán por considerarlo clave para «obtener claridad sobre las gestiones técnicas», y ordenó la práctica de varias diligencias relacionadas con Pedro José Castro Espinosa, señalado de haber prestado dinero que, según la investigación, terminó en manos del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla.
La Corte también dispuso solicitar información a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sobre la situación tributaria de Castro Espinosa, así como requerir documentación a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) relacionada con una sociedad vinculada al empresario.
La Sala también amplió el periodo sobre el que deberán recaer algunas de las pruebas documentales, que ahora abarcarán los años 2021 a 2024.
Name y Calle fueron llamados a juicio por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros agravado, dentro de la investigación por el presunto desvío de recursos de la UNGRD. Según la acusación, habrían recibido dinero a cambio de favorecer el trámite de iniciativas del Gobierno en el Congreso.
/COLPRENSA
