La senadora Jennifer Pedraza presentó una denuncia penal en contra de Juliana Andrea Guerrero y su hermana Verónica por posible tráfico de influencias para el direccionamiento ilegal de contratos en entidades clave del Gobierno a cambio del pago de coimas.
La denuncia, dirigida a la fiscal Luz Adriana Camargo, fue radicada también por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y enriquecimiento ilícito de particulares.
Horas antes, la Fiscalía ya anunció que abrió una investigación al respecto. Las denuncias fueron reveladas por la Revista Semana, que, con base en consignaciones y mensajes, mostró cómo supuestamente se fijaban tarifas y se cobraba una comisión del 10 % sobre el valor final de los contratos, por la gestión e intermediación con altos funcionarios del Gobierno.
También habrían comprado un anticipo de $200 millones una vez se concretara el encuentro inicial.
«Conforme a dicha publicación, las señoras Guerrero, quienes no ostentaban funciones públicas que les permitieran intervenir en procesos contractuales de las entidades mencionadas, habrían ofrecido a empresarios de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander gestionar la adjudicación de contratos en diferentes entidades del Gobierno, particularmente en los ministerios del Interior y de Vivienda, así como en otras entidades públicas», se lee en la denuncia.
Ante eso, la senadora pidió a la fiscal investigar a ambas hermanas, pero también a David Trespalacios y a una persona identificada como Wilmer Trespalacios. Al igual que indentificar a los empresarios que habrían entregado dinero.
Ante las denuncias, Juliana Guerrero se pronunció a través de su defensa, la firma Álzate Hernández.
“Quiero ser enfática en desmentir cualquier insinuación que pretenda ahora vincularme con actuaciones irregulares. Nunca me he reunido con contratistas, intermediarios o personas que se presentan como supuestos ‘empresarios’ para gestionar contratos, influir en decisiones administrativas o participar en actividades al margen de la ley”, dice el comunicado.
Aseguró que jamás ha recibido dinero, comisiones o cualquier otro beneficio económico relacionado con aparentes gestiones ante el sector público.
Guerrero enfrenta otra investigación en su contra por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
De acuerdo con la investigación, la mujer habría obtenido títulos profesionales de contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, pese a que no habría completado el plan de estudios ni otras exigencias formales.
El ente acusador indicó que para respaldar esta certificación se habrían incorporado datos falsos relacionados con pruebas de Estado, registros académicos y asistencia a clases.
/Colprensa
