Bloquean provisionalmente polémica reforma de Trump sobre el voto por correo
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha rechazado una petición del Departamento de Justicia para culminar la reforma del voto por correo de Donald Trump antes de las elecciones legislativas de noviembre, dejando vigente una orden de un juez de Boston que declaró ilegales las políticas del presidente.
Un panel de apelación de tres jueces ha concluido que no detendrá el fallo de un tribunal inferior que prohibía a las agencias federales hacer cumplir inmediatamente la orden ejecutiva de Trump en una veintena de estados y el Distrito de Columbia.
Hay otras impugnaciones legales pendientes contra las directivas del presidente, incluida una demanda presentada por el Comité Nacional Demócrata y los líderes del partido en el Congreso.
El Departamento de Justicia indicó en presentaciones judiciales anteriores que consideraría llevar la pelea al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Si bien la orden judicial del juez de Boston no se aplica a nivel nacional, se considera un impedimento significativo para la capacidad de la administración de implementar la orden ejecutiva de Trump, que lleva años denunciando sin pruebas que el voto por correo beneficia de manera ilegal a sus rivales demócratas, para la votación de noviembre.
Los defensores de todo el espectro político están compitiendo por inclinar a su favor las luchas legales relacionadas con las elecciones antes de noviembre, cuando los republicanos defenderán estrechos márgenes de control en ambas cámaras del Congreso.
La Corte de Apelaciones del Primer Circuito concluyó que en esta etapa inicial del caso, los estados que demandaron presentaron pruebas suficientes de que estaban siendo perjudicados por las acciones del presidente y tenían legitimación activa para presentar sus reclamos.
«En total, entre los plazos comprimidos y los cambios anticipados en los procesos electorales de los estados, el expediente del juicio sumario indica que la orden de Trump ya ha ‘producido una tensión increíble’ sobre los funcionarios electorales estatales y sus equipos», escribieron los jueces Gustavo Gelpí y Julie Rikelman en una opinión conjunta recogida por Bloomberg en referencia a la orden ejecutiva de Trump. Ambos jueces fueron designados por el expresidente Joe Biden.
El juez Joshua Dunlap, designado durante el segundo mandato de Trump, disintió parcialmente y escribió que habría permitido que una sección de la orden impugnada ordenara al Departamento de Seguridad Nacional preparar una lista de votantes ciudadanos estadounidenses potencialmente elegibles como guía para que los estados que organizan elecciones siguieran adelante.
Los portavoces de la oficina del fiscal general de California, que encabezó la coalición de estados que demandaron, y del Departamento de Justicia y la Casa Blanca no respondieron a las solicitudes de comentarios. Una docena de fiscales generales estatales republicanos también intervinieron en el caso en apoyo de la orden del presidente.
El Gobierno argumentó que la lista de Seguridad Nacional estaba destinada a servir únicamente como recurso para las jurisdicciones locales. Los funcionarios estatales que demandaron señalaron el lenguaje de la orden ejecutiva que parecía amenazarlos con un proceso penal si no usaban las listas federales para determinar quién es elegible para votar.
SERVICIO POSTAL
El presidente también ordenó al Servicio Postal de Estados Unidos que renovara el diseño del correo electoral y adoptara reglas que requerirían que los estados coordinaran con la agencia sus listas de residentes listos para recibir boletas por correo. Los estados que demandaron argumentaron que esto convertiría de manera ilegal al servicio postal en un «regulador electoral» y facultaría a la agencia para negarse a entregar las papeletas.
La Administración y los partidarios del presidente están promoviendo las medidas como salvaguardias contra el fraude. Los demócratas, las organizaciones de derechos electorales y otros denunciaron el plan como una medida ilegal para interferir con la gestión estatal de las elecciones al Congreso y sembrar el caos y la confusión de antemano en beneficio de los republicanos.
A finales de junio, el juez de Boston se puso del lado de los funcionarios estatales demócratas que presentaron la demanda, declarando «inconstitucionalmente nulas» varias secciones de la orden de Trump e impidiendo que las agencias la ejecutaran en esas jurisdicciones antes de las elecciones del 3 de noviembre.
En el caso del Comité Nacional Demócrata en Washington, un juez de distrito federal emitió una orden en mayo negándose a bloquear la acción ejecutiva antes de la contienda de noviembre, considerando que era prematura porque las agencias no habían tomado medidas para implementarla. Poco después de esa decisión, el Servicio Postal comenzó el proceso formal de elaboración de normas.
Los funcionarios demócratas involucrados en ese caso han pedido al Circuito de DC que intervenga y bloquee las directivas de Trump antes de las elecciones legislativas de noviembre.
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