Los crímenes ocurridos contra directivos, profesores y estudiantes de la Universidad del Magdalena, coparan la atención de la JEP, las víctimas y ciudadanía.
Más de dos décadas después de la época más violenta que vivió el Magdalena, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) instaló ayer miércoles en Santa Marta una de las audiencias más trascendentales para el esclarecimiento del conflicto armado en la región, un escenario en el que las víctimas esperan comenzar a conocer quiénes estuvieron detrás del entramado criminal que sembró el terror en la Universidad del Magdalena y en otros sectores del Caribe colombiano.
Las diligencias, que se desarrollan hasta este viernes 24 de julio en el auditorio Neguanje de la Universidad del Magdalena, hacen parte del subcaso Gran Magdalena del Macrocaso 08 de la JEP, que investiga la presunta articulación entre estructuras paramilitares, agentes del Estado y terceros civiles en los departamentos de Magdalena, Atlántico, Cesar y La Guajira.
Uno de los capítulos que concentrará la atención de los magistrados y de las víctimas será el relacionado con la violencia que sufrió la Universidad del Magdalena por cuenta del Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, época en la que fueron asesinados, amenazados y perseguidos estudiantes, docentes y dirigentes sindicales.
Durante las jornadas también se conocen observaciones sobre el presunto papel que habrían desempeñado el exgobernador del Magdalena, Trino Luna Correa, y el exjefe paramilitar Saúl Severini, además de otros comparecientes llamados por la Jurisdicción para aportar a la reconstrucción de la verdad.
“ESPERAMOS QUE DIGAN LA VERDAD»
Para Armando Restrepo Mauri, líder sindical de la Universidad del Magdalena y una de las víctimas de la persecución paramilitar, estas audiencias representan una oportunidad histórica para esclarecer uno de los episodios más oscuros de la región.
«Muchos de los que participamos hemos sido objeto de amenazas y persecuciones. Por eso se adoptaron medidas para evitar revictimizarnos. Lo que buscamos es que haya verdad, justicia y reparación frente a los hechos que les quitaron la vida a estudiantes, profesores, campesinos y otras víctimas del conflicto armado», afirmó.
Restrepo aseguró que la principal expectativa de quienes comparecen ante la JEP es que los antiguos integrantes de las estructuras armadas ilegales revelen cómo operó el aparato criminal y quiénes tomaron las decisiones que desencadenaron los asesinatos.
«Esperamos que contribuyan a la verdad. Ellos conocen todo el entramado criminal. Lo que queremos saber es quiénes dieron la orden para asesinar estudiantes y profesores de la Universidad del Magdalena», expresó.
El dirigente también consideró fundamental que quienes tuvieron responsabilidades políticas durante ese periodo expliquen lo que conocieron sobre los hechos.
«Es importante escuchar no solamente a quienes hicieron parte del paramilitarismo, sino también a los actores políticos que conocieron de primera mano lo sucedido y que pueden contribuir al esclarecimiento de la verdad», sostuvo.
Las audiencias reúnen a víctimas de los cuatro departamentos que conforman el subcaso Gran Magdalena y constituyen una de las etapas más importantes del proceso de justicia transicional en el Caribe, donde aún persisten múltiples interrogantes sobre las alianzas que permitieron la expansión del paramilitarismo y la sistemática persecución contra líderes sociales, sindicalistas, estudiantes y profesores.
