Un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín impuso medidas sobre 18 inmuebles que conformaron el denominado ‘Parqueadero Padilla’, avaluados en cerca de 18.000 millones de pesos. En ese lugar las investigaciones han revelado que los paramilitares tenían su principal sede de operaciones.
Ese parqueadero, según la Fiscalía, fue objeto de una división material que dio origen a 18 inmuebles independientes. Están avaluadas en 18.000 millones y ahora estarán en manos del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
En 1998, en ese mismo predio, las autoridades adelantaron un allanamiento y descubrieron que en realidad no albergaba vehículos, sino las cuentas de los paramilitares. Durante la diligencia fueron hallados documentos, registros contables y equipos informáticos que evidenciaron la existencia de un centro financiero y logístico de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
Asimismo, se determinó que ese centro financiero y logístico habría sido dirigido por Jacinto Alberto
Soto Toro, alias ‘Lucas’, señalado como uno de los hombres de confianza de los hermanos Castaño Gil.
‘Lucas’, cuyo nombre real es Jacinto Alberto Soto Toro, fue detenido ese día.
«Un análisis de policía judicial calculó en cerca de 30 mil las transacciones registradas en los libros y diskettes hallados en el Parqueadero Padilla que beneficiaron a las distintas estructuras de las ACCU. 204 Investigaciones posteriores establecerían que los documentos de soporte eran encriptados por Manuel Arturo Salom Rueda, paramilitar de confianza de la cúpula de organización y exmiembro del Ejército», indicó la Comisión de la Verdad.
/COLPRENSA
