El campo colombiano enfrenta una doble brecha estructural. Más de ocho de cada diez trabajadores rurales están en la informalidad y los jóvenes rurales acumulan, en promedio, cerca de tres años menos de escolaridad frente a quienes viven en las ciudades. Dos condiciones que limitan la productividad, el acceso a ingresos de calidad y la generación de oportunidades.
El Dane, a través de la Encuesta de Hogares, reportó que en el trimestre marzo-mayo de 2026 el 82,9% de los ocupados en centros poblados y rural disperso se encontraban en la informalidad laboral, frente a un promedio nacional de 54,7%. La distancia entre ambas cifras confirma que la informalidad rural es un fenómeno de naturaleza distinta, concentrado en la ausencia casi total de contratos formales y de acceso a protección social para quien trabaja en la ruralidad.
La brecha educativa acompaña esa cifra con la misma contundencia. Según estadísticas del Ministerio de Educación, mientras la población urbana de 15 años y más alcanza en promedio cerca de 10 años de escolaridad, en las zonas rurales el promedio llega a 6 o 7 años. La brecha se agudiza en la educación media, donde la cobertura y la culminación son significativamente inferiores a las urbanas, con mayor deserción y menor continuidad hacia la educación superior. Además, de acuerdo con el Observatorio de la Fundación Empresarios por la Educación hay una brecha de 26 puntos entre colegios urbanos y rurales, en los resultados de calidad educativa. La más alta en cinco años, en un país que en una década sólo avanzó 4 puntos en sus resultados nacionales.
Estas dos situaciones, laboral y educativa, comparten una misma falla de origen. La arquitectura institucional que debía cerrarlas actúa de manera fragmentada. No existe una Red Nacional de Formalización Laboral que una la misionalidad de Mintrabajo, Sena, las cajas de compensación, el Servicio de Empleo y el Ministerio de Agricultura con la Agencia de Desarrollo Rural, que es la entidad con mayor presencia física en el territorio a través de sus Unidades Técnicas Territoriales.
El propósito de esta reflexión es proponer que la Agencia de Desarrollo Rural asuma, por fin, un rol de convocante y no solo de ejecutora de proyectos productivos. La ADR tiene, en su función la facultad de constituir alianzas con otras entidades públicas o privadas para promover el desarrollo agropecuario y rural. Esa función nunca se ha usado para lo que el campo colombiano necesita con más urgencia: unir educación, formalización y desarrollo bajo una estructura funcional territorial.
No se trata de crear una entidad nueva ni de duplicar funciones. Colombia ya tiene, disperso en distintas carteras, todo lo que necesitaría un modelo de desarrollo rural con enfoque educativo. Le falta que alguien convoque a actuar como sistema.
La hoja de ruta que propongo requiere reunir, bajo la coordinación de la ADR, a los actores que hoy trabajan en paralelo y rara vez en conjunto. El ministerio de Agricultura, que fija la política sectorial. El Sena, que tiene la infraestructura de formación técnica más extendida del país en zonas rurales. El ministerio del Trabajo, que administra los instrumentos de formalización laboral y protección social, quien se encargue de los temas para la Prosperidad Social, y las universidades regionales con vocación agropecuaria, que hoy están prácticamente ausentes.
El país ya ensayó, a pequeña escala, el programa de formación por demanda con contrato a futuro para jóvenes rurales, que identifica primero la necesidad real de mano de obra, forma competencias específicas y cierra el ciclo con vinculación laboral formal garantizada. Es la lógica que Corea del Sur aplicó con su movimiento de nueva aldea. Entendió que sin formar líderes locales no hay desarrollo que se sostenga. La diferencia es que allá ese modelo tuvo estructura y continuidad.
Colombia lleva años pagando el costo de un diagnóstico que nunca ha sido política sostenida. Ese costo lo sigue asumiendo el productor que recoge alimentos sin saber si tendrá pensión, salud o un futuro distinto para sus hijos. La Agencia de Desarrollo Rural tiene la función legal para convocar y presencia territorial para ejecutar. Falta la decisión política de asumir el desarrollo del campo con personas muy bien formadas para sostenerlo.
