Un informe divulgado este viernes por la Contraloría General sobre la implementación del acuerdo de paz que se firmó en el 2016 con las antiguas Farc, advirtió de recursos perdidos y promesas inconclusas para los afectados por la violencia.
Pese a que se cumplen 10 años de la firma de este acuerdo histórico, las cifras demuestran que se han utilizado recursos contados por billones de pesos, pero que la mitad o incluso menos llegan directamente a las comunidades más afectadas.
Según reveló el contralor general (e), Carlos Enrique Silgado, entre 2017 y 2026 se han ejecutado $138,1 billones, equivalentes al 65% de la meta financiera inicial, pero que solo el 37% de las necesidades estimadas para una implementación integral.
Mientras se aviva la polémica sobre el futuro del acuerdo de paz en el gobierno de Abelardo de la Espriella, el ente de control insistió en que el reto para el próximo mandatario es que no sea solo invertir más, sino lograr resultados verificables para los territorios.
Una muestra clara de este rezago durante estos 10 años es el de la reforma rural, que pese a tener $102,4 billones que equivalen al 74% de toda la inversión destinada a la implementación del Acuerdo, advierten que solo se ha cumplido el 3,5% de la meta de adjudicación de tierras del Fondo de Tierras.
«Al ritmo actual, alcanzar ese objetivo podría tomar cerca de 47 años. Además, la entrega de tierras, por sí sola, no garantiza la transformación rural si no está acompañada de asistencia técnica, infraestructura, financiamiento y oportunidades productivas», afirmó Silgado.
Para el ente de control, no solo no se ejecuta ni se destina los recursos a los mayores afectados por la violencia, sino que, además se disminuyó el aporte de otras fuentes como la cooperación internacional, obras por impuestos y los recursos territoriales.
A esto se suman los hechos de corrupción detectados durante este tiempo, donde la Contraloría reveló que en 170 entidades se encontraron 457 hallazgos administrativos, 276 con incidencia fiscal, 433 disciplinarias y 65 penales, por una cuantía superior a $1,10 billones.
Advirtió además que no hay fallas aisladas, sino que las cifras demostraron «riesgos recurrentes que comprometen la adecuada ejecución de los recursos», evidenciando deficiencias en la estructuración de los proyectos y estudios previos, debilidades en la planeación contractual y precontractual, así como problemas de calidad, obras no ejecutadas y sobrecostos.
“La pregunta no es solamente cuánto se aprobó o cuánto se ejecutó. La pregunta es si esas inversiones están generando condiciones reales de paz. La paz territorial debe medirse por resultados concretos para las comunidades y no únicamente por el número de recursos comprometidos», cuestionó.
Ante este panorama, Silgado hizo un llamado al siguiente gobierno y a las entidades responsables a que se mantenga la implementación de la paz.
«Debe evaluarse a partir de resultados, comunidades con oportunidades, economías rurales fortalecidas, presencia institucional para que se conviertan en una transformación visible y duradera», planteó el funcionario.
Insistió que pese a los rezagos los avances logrados deben preservarse, las brechas deben cerrarse para pasar «de una paz institucionalmente diseñada a una paz territorialmente apropiada, financiada, consolidada como política de Estado y asumida como un compromiso de toda la sociedad».
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