Un equipo de la Procuraduría General de la Nación visitó la sede de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a raíz de las denuncias de que en esa entidad se estarían realizando contrataciones a última hora, a pocas semanas de que termine el gobierno del presidente Petro.
El equipo de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha advertido de la existencia de un proceso de selección abreviada, con un presupuesto superior a los $78 mil millones, con el que se buscaría contratar el servicio de escoltas para altos funcionarios del gobierno entrante.
Esta situación, desde la perspectiva de la administración entrante, no solo podría representar un riesgo de corrupción sino que también podría poner en peligro la seguridad de los funcionarios del gobierno entrante.
Las denuncias que se han conocido en las últimas semanas también hablan de que está en marcha la provisión de más de 6.000 cargos, que fueron creados mediante el Decreto 020 del 15 de enero de 2026.
Según informó el Ministerio Público, en su reunión con las directivas de la UNP se indagó por los procesos contractuales que están en curso y las modalidades de selección, así como requisitos exigidos a los participantes.
Entre esos, el contrato denunciado por el gobierno entrante.
La Procuraduría inquirió a los funcionarios de la entidad sobre la reducción de programas de protección, porque, de diez zonas existentes, el proceso se limitó a solo dos, con cobertura en Bogotá y en algunas poblaciones de los departamentos de Cundinamarca, Cauca, Amazonas y Norte de Santander.
El órgano de control indagó cuáles fueron los argumentos para tomar esa decisión.
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