El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) mediante las EPS aumentó en Colombia entre 2022 y 2025, con cerca de 1.360 procedimientos confirmados, según el informe ‘Más allá del acceso al aborto: 20 años de acompañamiento’, elaborado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.
La investigación recopila la experiencia de acompañamiento a 2.532 mujeres y niñas, desarrollada por La Mesa, tras la entrada en vigor de la Sentencia C-055 de 2022, mediante la cual la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.
Según el informe, el 76% de los casos atendidos correspondió a mujeres que solicitaron información y orientación sobre el derecho al aborto y las rutas para acceder al servicio.
En otros 487 casos, equivalentes al 19,2%, fue necesario brindar acompañamiento jurídico para superar barreras impuestas durante el proceso, mientras que seis mujeres requirieron apoyo legal por procesos de criminalización relacionados con el aborto.
La caracterización también mostró que el 44,9% de las solicitudes de acompañamiento se realizaron durante las primeras 12 semanas de gestación. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el mayor número de casos atendidos, aunque, al comparar las cifras con el tamaño de la población, Meta, Guainía y Guaviare registraron la mayor “incidencia proporcional de acompañamientos”.
Uno de los principales hallazgos del estudio es el aumento del acceso al procedimiento mediante las Entidades Promotoras de Salud (EPS), pues en 2025, el 62,9% de las mujeres que reportaron haber accedido a la IVE lo hicieron a través de estas entidades, mientras que el uso de subsidios para recibir atención en instituciones privadas disminuyó del 31% al 1,2% durante el periodo analizado.
Pese a estos avances, la organización concluye que siguen presentándose barreras asociadas al funcionamiento del sistema de salud, así como obstáculos personales e interpersonales que afectan el ejercicio del derecho.
El informe advirtió que estas dificultades tienen un impacto mayor sobre mujeres de zonas rurales, comunidades étnicas y raciales, población migrante y personas que enfrentan otras condiciones de vulnerabilidad.
La Mesa aclaró que no presta servicios médicos ni reemplaza a las entidades responsables de garantizar el acceso a la IVE. Su labor consiste en brindar gratuitamente información y orientación jurídica a mujeres, niñas y adolescentes que desean acceder al aborto o que encuentran barreras para ejercer este derecho.
La organización comenzó este trabajo de acompañamiento en 2006, luego de la Sentencia C-355, que despenalizó el aborto en tres circunstancias específicas. Desde entonces, la información recopilada ha servido para identificar obstáculos recurrentes, formular recomendaciones y fortalecer las capacidades de instituciones de los sectores de salud, justicia y protección.
La publicación también sostuvo que el acompañamiento ha contribuido a consolidar el marco normativo y sanitario que regula el acceso a la IVE en Colombia, además de fortalecer procesos de capacitación dirigidos a funcionarios públicos y entidades encargadas de garantizar este derecho.
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