Entre el 1 y 2 de julio se realiza en Bogotá la Cumbre de Congresistas, un espacio en el que se busca analizar qué se requiere desde el poder legislativo para que las mujeres sean protagonistas del desarrollo económico inclusivo y sostenible en Colombia.
La cumbre es convocada por ONU Mujeres y la Embajada de Suecia, como parte de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional en Colombia.
Colprensa habló con María Inés Salamanca, representante en Colombia de ONU Mujeres, sobre los avances que ha tenido Latinoamérica en materia de igualdad y cómo la inequidad política se convierte en muchos casos en fuente de otros tipos de desigualdad.
*¿En qué se traduce la brecha de desigualdad económica para las mujeres en Latinoamérica?*
Las mujeres son más de la mitad de la población en el mundo, en América Latina y en Colombia, por lo que lo que ocurre con ellas impacta directamente el desarrollo y el crecimiento de toda la sociedad. Sin embargo, la desigualdad económica persiste: enfrentan mayor pobreza, tienen menor participación en el mercado laboral, menores ingresos, menores condiciones de protección social y oportunidades poco sostenibles. Gran parte de ello se explica por la inequitativa distribución de las tareas de cuidado —hasta tres veces más que los hombres—, una actividad que puede representar hasta el 27% del PIB.
En Colombia, el potencial es enorme: las mujeres son el 57% de quienes se gradúan de educación superior, pero enfrentan una fuerte brecha en el uso del tiempo —7 horas y 35 minutos diarias en cuidados, frente a 3 horas y 12 minutos de los hombres—, lo que limita su participación plena en la economía. Estas brechas son mayores en mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, y son aún más complejas en territorios en conflicto y con retos de seguridad humana.
Entender bien esas desigualdades y responder a ellas constituye una gran oportunidad: ampliar el acceso a capacitación, servicios, mercados y sectores emergentes puede transformar economías locales. Redistribuir el cuidado es clave: no solo para una sociedad más justa, sino para liberar talento, fortalecer sectores estratégicos —incluidos tecnología y STEAM— y acelerar el crecimiento sostenible.
Cerrar estas brechas de desigualdad económica en toda América Latina no es solo una agenda de derechos, sino una de las mayores oportunidades económicas. Requiere una acción conjunta del Estado, el sector privado, la academia y la sociedad, con políticas e inversiones que enfrenten adecuadamente las desigualdades e impulsen decididamente el enorme potencial de las mujeres.
*¿En qué ha avanzado el continente en la lucha contra esa desigualdad?*
América Latina y el Caribe ha logrado avances importantes en la última década, sobre todo en algo fundamental: visibilizar que la desigualdad económica de las mujeres no es un problema individual, sino estructural.
Uno de los avances más significativos ha sido poner la agenda de cuidados en el centro de la agenda pública. Hoy, al menos 10 países de la región ya miden el valor económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y sabemos que este representa entre el 15,9% y el 27,6% del PIB nacional, del cual cerca del 74% es aportado por mujeres. Ese reconocimiento ha impulsado debates y reformas hacia sistemas integrales de cuidado, algo impensable hace una década.
También ha habido avances en participación laboral y protección social. Aunque persisten brechas profundas, la región ha recuperado niveles de empleo pre-pandemia y ha reducido el desempleo al 6,1%. Sin embargo, esto también ha dejado claro un desafío: las mujeres siguen participando menos en el mercado laboral —52,1% frente al 74,3% de los hombres— y continúan ganando, en promedio, un 20% menos. Es decir, avanzamos, pero todavía de forma desigual.
En contextos de violencia y conflicto armado también hemos visto avances importantes en incorporar el enfoque de género en procesos de paz y respuesta humanitaria. En 2024, ONU Mujeres alcanzó a más de 1,13 millones de personas en contextos de crisis —el 80%, mujeres y niñas— y fortaleció a 1.270 organizaciones lideradas por mujeres para participar en procesos humanitarios y de recuperación, incluyendo medios de vida y resiliencia económica. Esto es clave para América Latina, donde los impactos del desplazamiento, la migración y la violencia afectan de manera diferenciada a las mujeres.
*¿Cómo puede el potencial de las mujeres colombianas aportar al crecimiento económico del país?*
Las mujeres colombianas son el 57% de quienes se gradúan de educación superior, un potencial esencial de la sociedad, y son también una fuerza económica fundamental para el país: hoy representan el 42,9% de la población económicamente activa y el 41,4% de la población ocupada: es decir, ya sostienen una parte esencial de la economía. El desafío es remover las barreras que siguen limitando su pleno potencial. Si Colombia logra cerrar las brechas entre hombres y mujeres en empleo, ingresos, acceso a crédito, activos productivos y redistribución del cuidado, e impulsar a las mujeres en los sectores claves de la economía, el impacto en productividad, competitividad y crecimiento puede ser enorme. A nivel global el calculo es un aumento del 25% del PIB.
Las mujeres son protagonistas en sectores clave como comercio, servicios, emprendimiento y economías locales, pero también están abriendo camino en sectores históricamente masculinizados como infraestructura, tecnología, energía y transporte. Eso demuestra que el talento de las mujeres no tiene límites y siempre suma.
También vemos que uno de los mayores potenciales está en la ruralidad. Las mujeres campesinas y rurales son pilares del sector agropecuario: sostienen la producción de alimentos, la economía del cuidado en los territorios y la resiliencia comunitaria, especialmente en zonas afectadas por el conflicto armado. Sin embargo, siguen enfrentando mayores barreras de acceso a tenencia de tierra, crédito, asistencia técnica, tecnología y mercados. Fortalecer su autonomía económica no solo mejora sus condiciones de vida: fortalece la seguridad alimentaria, impulsa economías locales y acelera el desarrollo territorial.
Colombia está además en proceso de consolidar las economias basadas en conocimiento, en innovación social y tecnológica, economias verdes, circulares, en las que la participación de las mujeres es esencial y debe impulsarse decisivamente.
La evidencia es clara: cuando las mujeres tienen acceso a ingresos, invierten más en salud, educación y bienestar propios, el de sus familias y el de sus comunidades. Por eso, liberar el potencial económico de las mujeres no es una política sectorial; es una estrategia país.
*¿Cuál podría ser el rol del sector empresarial en el aprovechamiento de ese potencial de las mujeres para el avance económico del país?*
El sector empresarial tiene un rol decisivo. No solo porque genera empleo y dinamiza la economía, sino porque tiene la capacidad de transformar las condiciones en las que millones de mujeres participan en ella. Hoy sabemos que impulsar la participación activa de las mujeres en la economía no es solo una cuestión de derechos; es una decisión estratégica para las economías. Las empresas que invierten en igualdad son más competitivas, más innovadoras y más sostenibles.
Ese rol fundamental implica remover las barreras estructurales que limitan la permanencia, el crecimiento y el liderazgo de las mujeres dentro de las organizaciones: romper las barreras que aún restringen el acceso a espacios de toma de decisión, cerrar brechas salariales, garantizar igualdad en ascensos y oportunidades, y, hacerlo garantizando entornos laborales libres de acoso, abuso sexual, discriminación y de violencias basadas en género. Porque la seguridad en el trabajo es una condición básica para la autonomía económica. Ninguna mujer debe elegir entre su sustento, su desarrollo y su dignidad. Por eso es fundamental que las empresas adopten políticas internas claras, mecanismos efectivos de prevención, denuncia y sanción, y una cultura organizacional basada en la corresponsabilidad, el respeto y la igualdad.
Desde ONU Mujeres en Colombia trabajamos con el sector privado a través de los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs), una iniciativa global que impulsamos junto con Pacto Global . Estos siete principios ofrecen una hoja de ruta clara para que las empresas integren la igualdad de género en su liderazgo, su cultura organizacional, su cadena de valor y su impacto comunitario.
Pero este rol va más allá de las grandes ciudades y los grandes corporativos. El sector privado también puede ser clave para ampliar oportunidades para mujeres rurales, campesinas, emprendedoras y productoras, facilitando acceso a mercados, financiamiento, tecnología y cadenas de valor más inclusivas.
Porque cuando las empresas transforman esas condiciones, no solo avanzan las mujeres: avanza la productividad, la innovación y la competitividad del país. La pregunta ya no es si la igualdad es importante para el sector empresarial. La pregunta, en cambio, es qué tan rápido estamos dispuestas y dispuestos a avanzar para aprovechar todo el potencial económico de las mujeres y, así, acelerar el crecimiento del país.
*¿Por qué es importante para los Gobiernos y Estados invertir en oportunidades para las mujeres que contribuyan al desarrollo económico del país?*
Invertir en las mujeres es una de las decisiones económicas más inteligentes que puede tomar un Estado. No es solo una cuestión de igualdad o justicia social; es una estrategia concreta para erradicar la pobreza, aumentar la productividad y construir economías más inclusivas y sostenibles.
Las mujeres ya contribuyen de manera decisiva a las economías: en empresas, en el campo, en el emprendimiento, en el comercio, y también sosteniendo el trabajo de cuidado no remunerado que hace posible que todo lo demás funcione. Pero siguen enfrentando barreras estructurales como discriminación, menor acceso a tierra, crédito y activos productivos, empleos más precarios y una participación limitada en la toma de decisiones económicas. Y eso tiene un costo para todo el país.
La evidencia es clara: cuando las mujeres acceden a trabajo decente, ingresos y recursos productivos, aumenta la productividad, mejora la seguridad alimentaria, se fortalece el tejido social y crece el bienestar de las familias y comunidades.
Pero para que esa inversión sea efectiva, los Estados deben actuar sobre uno de los principales nudos de desigualdad: el cuidado. En América Latina, más del 70% del trabajo no remunerado recae sobre las mujeres. Sin sistemas de cuidado sólidos y políticas de corresponsabilidad, millones de mujeres seguirán teniendo menos tiempo y menos oportunidades para participar plenamente en la economía. Por eso necesitamos políticas integrales: educación, empleabilidad, acceso a financiamiento, protección social, formalización laboral, acceso a tierra para mujeres rurales y sistemas nacionales de cuidado.
La experiencia internacional nos demuestra que cuando los Estados combinan reformas públicas con transformaciones en el ámbito privado —como licencias parentales, servicios de cuidado, flexibilidad laboral y participación equitativa en el liderazgo— las economías crecen de forma más robusta y sostenible. Y para que esas políticas sean efectivas, deben basarse en evidencia: contar con datos sobre brechas, uso del tiempo, empleo y violencias es indispensable para diseñar respuestas públicas que realmente transformen las condiciones de vida de las mujeres.
*¿Por qué este momento país es clave para que el nuevo Congreso consolide una agenda legislativa orientada al desarrollo económico inclusivo y sostenible?*
Este es un momento decisivo para Colombia. El país enfrenta desafíos económicos, sociales y territoriales que requieren respuestas estructurales y sostenibles. Además, estamos en un contexto político clave: los ciclos electorales y de renovación institucional son ventanas de oportunidad para aterrizar prioridades nacionales y construir acuerdos duraderos y multiactor sobre el rumbo del país.
El nuevo Congreso tiene la oportunidad histórica de fortalecer una agenda legislativa que conecte los derechos de las mujeres con el desarrollo social y económico del país, para ello podrá garantizar recursos públicos suficientes y estratégicos en el presupuesto general que aprobarán, incluir en el nuevo plan nacional de desarrollo estas prioridades con medidas concretas, fortalecer el sistema nacional de cuidados, incluir medidas legislativas para cerrar brechas laborales, para impulsar los negocios de las mujeres, impulsar la participación de las mujeres en la toma de decisiones; y, especialmente, hacer control político y seguimiento a la implementación de las leyes que ya existen..
Esta agenda va más allá de la economía. es también una condición para fortalecer la democracia, consolidar la paz y ampliar la legitimidad de las instituciones. En un país como Colombia, con una historia de conflicto armado y en proceso de consolidación de paz, legislar por los derechos de las mujeres significa también avanzar en garantías para la participación política de las mujeres, en la implementación de la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y en mecanismos de justicia más inclusivos.
Hoy sabemos que las democracias son más fuertes cuando incorporan las voces, prioridades y liderazgos de las mujeres. Y sabemos también que la paz es más sostenible cuando las mujeres participan activamente en su construcción.
Por eso este momento país es clave: porque las decisiones legislativas que se tomen ahora definirán buena parte de la capacidad de Colombia para avanzar hacia un modelo de desarrollo más inclusivo, más equitativo y más sostenible.
*¿Cuáles son los resultados esperados de la Cumbre «Liderazgo y desarrollo económico, pilares para una agenda de Igualdad en Colombia»?*
Esperamos que esta Cumbre fortalezca el diálogo entre congresistas electas y electos para posicionar los derechos de las mujeres como un eje estratégico del desarrollo del país. Queremos promover conversaciones sobre cómo traducir el liderazgo político en presupuestos y políticas públicas que amplíen oportunidades concretas para las mujeres, porque las soluciones para las mujeres son avances para Colombia.
También esperamos que esta Cumbre contribuya a una visión compartida de país, donde los derechos de las mujeres sean entendida como una condición habilitante para la democracia, la paz y el desarrollo sostenible.
Esperamos también que la cumbre aporte a la construcción de agendas legislativas más robustas e informadas; queremos aportar a decisiones legislativas y de control político basadas en evidencia. Contar con datos y análisis sobre autonomía económica, cuidados, participación y violencias es clave para construir políticas públicas más efectivas y con mayor impacto.
El objetivo es claro: contribuir a una agenda país y una agenda legislativa que reconozca que el desarrollo y el crecimiento sostenible solo son posibles si son inclusivos y garantizan la participación plena de las mujeres.
Finalmente, esperamos aportar a la articulación entre el Congreso, la sociedad civil, el sector privado, los gobiernos territoriales, el gobierno nacional, otras ramas del poder público y la cooperación internacional. Desde ONU Mujeres, y desde la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, que reúne a más de 50 entidades bilaterales y multilaterales presentes en Colombia y que está por cumplir 17 años de existencia, cuentan toda la disposición y compromiso para aportar a la implementación de esta agenda país.
/Colprensa
