La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó este martes presión sobre el gobierno venezolano, tras los terremotos que devastaron el centro-norte del país, al exigir la liberación «inmediata e incondicional» de todas las personas detenidas por motivos políticos y el levantamiento del bloqueo a redes sociales, una medida que persistía incluso antes de la catástrofe sísmica.
Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados con apenas un minuto de diferencia el 24 de junio, han dejado al menos 1.719 muertos y 5.034 heridos, según cifras oficiales al 29 de junio. La CIDH alertó que aún hay personas con paradero desconocido y que el impacto ha sido «particularmente grave» en La Guaira y el área metropolitana de Caracas, donde las operaciones de búsqueda y rescate continúan sin que se haya determinado el alcance total de la tragedia.
La emergencia colapsó servicios esenciales, además se reportaron daños a viviendas e infraestructuras, interrupciones en los servicios de salud, transporte, electricidad, agua potable y telecomunicaciones.
En ese sentido, la CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) subrayaron que «el acceso oportuno a información pública confiable y a medios de comunicación es esencial para proteger la vida, la integridad personal y el bienestar de la población durante una emergencia».
La Comisión reconoció las medidas adoptadas por el Estado, entre ellas la declaratoria de emergencia, la suspensión de actividades escolares, las evacuaciones preventivas, la activación de operaciones de rescate, el establecimiento de centros de acogida y el despliegue de servicios de salud.
Sin embargo, instó a Caracas a garantizar el acceso «oportuno y no discriminatorio» a atención médica, agua, alimentos, refugio, saneamiento y comunicaciones, con especial atención a poblaciones vulnerables.
Advirtió además que las mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, niñas, niños y adolescentes enfrentan riesgos agudizados por la crisis; mientras que las personas mayores y con discapacidad encuentran mayores obstáculos para evacuar y acceder a servicios esenciales.
En cuanto a las personas privadas de libertad, la CIDH recordó que el Estado tiene una «posición especial de garante» y debe adoptar planes de contingencia, evaluar la seguridad de los centros de detención y asegurar el acceso a atención médica, agua, alimentos, electricidad e información.
La exigencia más contundente del organismo apuntó a las telecomunicaciones, tras instar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conalte) a «restablecer plenamente y de manera inmediata el acceso a las redes sociales y medios de comunicación digital», bloqueos que «persisten desde antes de los terremotos».
La medida, según el organismo, dificulta la coordinación de la ayuda y el acceso a información vital para la población afectada.
La CIDH y Redesca llamaron a los Estados de la región, organizaciones internacionales y socios de cooperación a movilizar recursos para asistencia humanitaria «inmediata, suficiente y coordinada», e instaron al gobierno venezolano a facilitar el acceso y la coordinación de dicha ayuda conforme a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.
