La decisión de un juez de suspender la instalación de la zona de ubicación temporal (ZUT) para el traslado de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, dejó en el limbo este paso del proceso, que ya estaba por empezar.
Fuentes involucradas en la negociación de paz confirmaron a COLPRENSA que buscan diversas medidas ante la inesperada decisión cuando ya se estaba a menos de 24 horas que se ponga en funcionamiento esta zona de concentración.
Señalaron que es de “imposible cumplimiento” suspender su realización, debido a que ya se iniciaron los desplazamientos en helicóptero de los integrantes de la Coordinadora Nacional hacia una zona previa de concentración cercano a la ZUT.
Además, dijeron que tomarán las medidas jurídicas para impugnar la decisión, luego de que el resguardo indígena Telar Luz del Amanecer, acusará al gobierno de vulnerar sus derechos fundamentales a la consulta previa, el debido proceso y la defensa por crear esta zona.
DISPUTAS POLÍTICAS CON MANDATARIOS REGIONALES
A esta disputa jurídica que deberán resolver lo más pronto posible, antes del inicio de funcionamiento de la ZUT para este jueves, el desplazamiento del grupo armado a esta zona ubicada en zona rural del corregimiento de La Hormiga, departamento del Putumayo, también se tiene una disputa política con varios mandatarios regionales.
Asocapitales cuestionó que la suspensión de operaciones y la autorización del traslado de la estructura ilegal a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) se haya adoptado a tan solo dos días de la segunda vuelta presidencial.
Advirtió la organización que «la paz no puede negociarse con el calendario electoral ni bajo condiciones que generen incertidumbre sobre la capacidad del Estado para ejercer control territorial y combatir las economías criminales que afectan a millones de ciudadanos”.
Entre sus señalamientos, hizo un llamado al gobierno “para garantizar la neutralidad del proceso democrático, brindar claridad sobre los criterios que motivaron esta decisión, establecer mecanismos rigurosos de seguimiento y verificación, e involucrar a los gobiernos territoriales en aquellas determinaciones de seguridad que tienen impactos directos sobre sus ciudadanos».
Sin embargo, en declaraciones a COLPRENSA, el jefe negociador Armando Novoa, descartó que el gobierno tenga que consultar estas medidas con cada uno de los mandatarios.
“Este es un avance significativo y es incompresible que tuviéramos que estar sujetos a las consultas que debemos desarrollar con los alcaldes de Bogotá, Cali o Medellín. Esto no tiene ningún sentido”, señaló.
Defendió esta acción como un gesto humanitario al dejar las armas e iniciar su tránsito para la paz y pese a las críticas de que este desplazamiento se haga a menos de una semana de las elecciones presidenciales, sostuvo que “los avances en nuestra mesa de diálogos de paz no están sujetas a los tiempos del calendario electoral. Son acciones que corren por caminos distintos”.
Finalmente, declaró que ante las múltiples críticas por iniciar este desplazamiento del grupo armado de la Coordinadora Nacional y las consecuencias en territorio, señaló el jefe delegado que “esta decisión no la estamos tomando de manera improvisada, sino en consulta con las actividades del territorio”.
/Colprensa.
