En alerta se declararon varias autoridades regionales frente al Decreto 0603 que permite al Gobierno Nacional suspender las operaciones ofensivas de la Fuerza Pública contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) cuestionaron que la suspensión de operaciones y la autorización del traslado de la estructura ilegal a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) se haya adoptado a tan solo dos días de la segunda vuelta presidencial.
Al menos 99 integrantes de la estructura ‘Comandos de Frontera’, de esta estructura armada al mando de Walter Mendoza se desplazarán hacia la ZUT ubicada en el municipio de La Hormiga, Putumayo.
Advirtieron en su mensaje que «la paz no puede negociarse con el calendario electoral ni bajo condiciones que generen incertidumbre sobre la capacidad del Estado para ejercer control territorial y combatir las economías criminales que afectan a millones de ciudadanos”.
Informes de inteligencia militar señalan a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano como uno de los principales actores del narcotráfico en el bajo Putumayo, con control sobre cultivos ilícitos, corredores estratégicos para el tráfico de cocaína y actividades asociadas a la violencia armada en esa región del país.
PREOCUPACIONES DE CARA A LAS PRESIDENCIALES
La decisión, adoptada por el gobierno Petro, provocó preocupación a los alcaldes de las ciudades capitales por las consecuencias que podría tener la suspensión de operaciones militares.
El primer punto tiene que ver con que la medida coincide con la antesala de la segunda vuelta presidencial y compromete la percepción de neutralidad institucional en uno de los momentos de mayor escrutinio democrático del país.
A esto se suma los múltiples cuestionamientos a la paz total, señalando que “durante 2025 se registró el mayor número de disputas armadas de la última década, mientras que diversos informes evidencian el fortalecimiento y expansión de estructuras ilegales, así como incrementos significativos en indicadores de homicidio, secuestro y extorsión”.
Además, advierten que la ZUT donde se trasladará este grupo armado fue autorizada por un periodo de diez meses, lo que implica decisiones cuyos efectos se extenderán más allá del actual periodo presidencial.
Es por esto que advierten que las consecuencias derivadas de este tipo de determinaciones —violencia, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, extorsión y afectaciones a la seguridad ciudadana— terminan impactando directamente a las ciudades capitales y sus regiones de influencia, sin que estas hayan sido consultadas previamente.
“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a las autoridades electorales y a los organismos de control para garantizar la neutralidad del proceso democrático, brindar claridad sobre los criterios que motivaron esta decisión, establecer mecanismos rigurosos de seguimiento y verificación, e involucrar a los gobiernos territoriales en aquellas determinaciones de seguridad que tienen impactos directos sobre sus ciudadanos”, agregaron.
Desde Asocapitales reiteran que cualquier esfuerzo orientado a la construcción de paz debe estar acompañado de garantías de transparencia, verificación independiente, control institucional y participación efectiva de los entes territoriales.
/Colprensa.
