La reducción de los homicidios en el Pacífico nariñense, uno de los datos que suele citarse para mostrar avances en seguridad, puede estar ocultando una violencia que casi no deja rastro en las estadísticas: la desaparición forzada. Esa es una de las advertencias centrales de un análisis del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) sobre la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), la disidencia que hoy negocia con el Gobierno de Gustavo Petro en Nariño y Putumayo.
El documento, firmado por el director de la entidad, Leonardo González Perafán, sostiene que una mesa concentrada en el desarme de los combatientes corre el riesgo de cambiar de actores armados sin tocar las economías y los poderes que producen esa violencia.
La advertencia llega en un mal momento para el proceso. La negociación es una de las pocas mesas de la «paz total» que mostró resultados concretos, pero arrastra una racha de suspensiones y choques. Y al Gobierno le queda poco tiempo: el mandato de Petro termina en agosto de 2026.
La CNEB no nació de la nada. Según el análisis, surgió a finales de 2024 de la ruptura de la Segunda Marquetalia, la organización que Iván Márquez creó tras volver a las armas en 2019. Cuando sectores de esa estructura decidieron seguir por su cuenta el camino de los diálogos, quedó conformada la nueva coordinadora bajo la vocería de alias Walter Mendoza.
La organización reúne dos grandes bloques con historias distintas. Por un lado están los Comandos de la Frontera, con fuerte presencia en Putumayo y una trayectoria ligada a economías ilegales en la frontera con Ecuador y Perú. Por el otro, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que agrupa estructuras del litoral nariñense como los antiguos frentes Oliver Sinisterra, Ariel Aldana y Mariscal Sucre, entre otros.
Esa composición explica, según Indepaz, por qué la CNEB no funciona como una organización vertical, sino como una articulación de grupos regionales con intereses y economías propias. Walter Mendoza —cuyo nombre es José Vicente Lesmes— ejerce la vocería, pero cada bloque conserva su propio peso, de acuerdo con reportes de prensa sobre la mesa. Los Comandos de la Frontera, por ejemplo, han estado bajo el mando de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, presunto responsable de delitos de narcotráfico y con una orden de extradición a Estados Unidos.
Menos asesinatos, más desapariciones
El punto más inquietante del documento es que la baja de homicidios no significa que la violencia haya disminuido. Líderes sociales y comunidades de la región le dijeron a Indepaz que, mientras los asesinatos cayeron frente a los años de confrontación abierta, la desaparición forzada se volvió un método cada vez más usado para controlar a la población y zanjar conflictos.
Ese tipo de violencia es difícil de medir. A diferencia del homicidio, la desaparición deja pocos rastros y enfrenta enormes barreras para la denuncia: muchas familias callan por miedo a represalias, y otras intuyen quién está detrás pero saben que acudir a las autoridades puede aumentar el riesgo. Así, según el análisis, buena parte de los casos nunca llega a una denuncia formal y queda en el silencio de las comunidades.
El problema, plantea González Perafán, es que ese fenómeno casi no aparece en los debates de seguridad ni en el seguimiento de la mesa. Mientras la caída de homicidios se usa como prueba de avance, las desapariciones rara vez reciben la misma atención. Un territorio puede mostrar menos muertes y, al tiempo, vivir bajo amenazas, control armado y miedo permanente que no caben en las cifras.
Para Indepaz, el error de fondo es mirar solo al hombre armado. González Perafán sostiene que en territorios como Tumaco, Barbacoas o el Triángulo de Telembí el poder no descansa únicamente en quienes cargan los fusiles, sino en una red más amplia que incluye comerciantes, intermediarios del oro y la coca, autoridades locales, funcionarios y circuitos que cruzan la frontera.
A esa trama el documento la llama «entramado» o régimen de poder violento: un sistema donde se mezclan actores armados, economías legales e ilegales, instituciones y política, y donde el límite entre lo legal y lo criminal se vuelve borroso. Visto así, el grupo armado es apenas una de las patas de la mesa: la más visible, pero no la que explica por sí sola cómo funciona el territorio.
De ahí se desprende la tesis central. La economía de guerra (la coca, la minería de oro, el contrabando, las rutas fluviales) adquirió vida propia frente al proyecto político armado. Por eso, según el análisis, muchas de estas estructuras sobrevivieron a operativos, capturas y rupturas internas: cuando una organización cae o se fragmenta, las rentas y los corredores siguen ahí para sostener a la siguiente.
Una mesa que avanza a tropezones
Mientras tanto, la negociación se mueve entre crisis. El Gobierno y la CNEB acordaron crear Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para que los combatientes inicien su tránsito a la vida civil, la primera en zona rural del Valle del Guamuez, en Putumayo, según la resolución firmada por Petro. En ese marco, de acuerdo con la Consejería Comisionada de Paz, el grupo entregó cerca de 14 toneladas de explosivos.
Pero el proceso se ha caído y levantado varias veces. El principal nudo, según reportes de El Tiempo y El Espectador, ha sido quién financia y ejecuta la erradicación de los cultivos de coca: el Gobierno le pidió al grupo asumirla con recursos propios y varias facciones se negaron. A la tensión se sumó, según El País, la captura de alias Araña, integrante de la delegación, que dejó la mesa suspendida cerca de un mes.
Ese forcejeo por la coca ilustra, casi en tiempo real, lo que advierte Indepaz: el corazón de la disputa no es ideológico, sino económico. Y el reloj corre, porque el Gobierno tiene hasta agosto para mostrar un acuerdo definitivo.
El análisis cierra con un reparo: la escasa participación de las comunidades en la definición de las transformaciones que debería traer cualquier acuerdo. González Perafán insiste en que la paz no puede reducirse a un pacto entre el Estado y quienes portan las armas, porque los grupos pueden desmovilizarse, fragmentarse o cambiar de nombre, pero las comunidades permanecen.
/Colprensa.
