La Veeduría Ciudadana a la Intervención de Air-e le salió al paso al presidente, Gustavo Petro. Pocas horas después de que el mandatario anunciara que liquidará la empresa que lleva la energía a 1,3 millones de usuarios en la Costa Caribe, esta alianza de gremios publicó un comunicado en el que tacha la decisión de irresponsable, imprudente y sin sustento jurídico.
El reparo no se quedó en el rechazo. La Veeduría pidió que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República intervengan, y advirtió que liquidar a Air-e sin un plan claro puede empujar al país hacia un apagón.
Y no se trata de un actor menor en la región. La Veeduría la conforman los comités intergremiales del Atlántico y Magdalena, las cámaras de comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) en esos departamentos, es decir, buena parte del establecimiento empresarial costeño.
El comunicado responde a un anuncio que Petro hizo este sábado en su cuenta de X: liquidar Air-e y fusionar sus activos con Gecelca, una generadora de propiedad casi totalmente estatal, para crear una empresa pública de energía en el Caribe. Según conoció El Tiempo, esa transición se ejecutaría después de la segunda vuelta del 21 de junio.
Petro presentó la medida como la salida que le queda. El jefe de Estado sostiene que el modelo privado fracasó y que el Congreso le bloqueó la reforma con la que quería repartir entre todo el país las pérdidas del sistema tarifario del Caribe.
La Veeduría no comparte ni el diagnóstico ni la prisa. Para el gremio, anunciar una liquidación de esta magnitud en las últimas semanas del Gobierno es un golpe a la certeza que el sistema eléctrico necesita.
El corazón del reclamo es jurídico. Según el comunicado, anunciar la liquidación sin un operador de reemplazo, sin plan de pago a los generadores y sin garantías de continuidad viola el artículo 365 de la Constitución y las leyes 142 y 143 de 1994, que rigen los servicios públicos.
La Veeduría sostiene además que el Gobierno se salta el procedimiento. Air-e está intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) desde 2024 y, dice el documento, ninguna decisión de liquidarla es válida mientras esa entidad y las superintendencias de Sociedades y de Industria y Comercio no verifiquen que se cumplen los requisitos de ley.
El gremio insiste, de paso, en que liquidar no es la única salida. El comunicado menciona alternativas como la administración temporal, la capitalización o la transferencia condicionada del servicio, que a su juicio el Gobierno descartó sin justificación.
No hay quién reemplace a Air-e
Hay un vacío que la Veeduría considera crítico: no se sabe quién prestaría el servicio. Antes de liquidar, dice, el Gobierno tendría que garantizar un operador con experiencia comprobada, solidez financiera e infraestructura para atender a más de 1,3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El comunicado también cuestiona la idea de entregarle la operación a Gecelca sin resolver antes las deudas. Esa fusión, advierte, debe respetar los límites a las integraciones verticales y los derechos de los acreedores, que pueden oponerse y abrir pleitos y demoras.
Y hay un problema de tiempo. Una integración de esta magnitud exige autorizaciones y trámites que suelen tomar años, algo que para el gremio resulta poco realista en las pocas semanas que le quedan al actual Gobierno.
Sobre la deuda, la Veeduría pone una cifra y un responsable. Calcula en más de $2,5 billones lo que Air-e debe a generadores, transmisores y otros proveedores, y sostiene que esas obligaciones se acumularon durante la intervención, por lo que el Estado no puede desconocer su responsabilidad ni trasladarle la incertidumbre al sector.
Petro, en cambio, atribuye el deterioro de Air-e al modelo privado que recibió en crisis. El propio Gobierno, sin embargo, ya había reconocido que durante la intervención se acumularon deudas multimillonarias y que sin un esquema previo para pagarlas la liquidación no es viable.
El temor de fondo es quedarse sin luz. La Veeduría advierte que, si Air-e incumple los pagos a las generadoras, el país entra en riesgo de apagón, una alarma que también prendió la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG).
Su presidente, Alejandro Castañeda, fue más lejos. Sostuvo que, apenas arranque la liquidación, la empresa no podrá comprar, vender ni facturar energía, lo que dejaría a los tres departamentos «apagados automáticamente».
El momento agrava el panorama. El país ya entró en el fenómeno de El Niño, que reduce la generación de las hidroeléctricas, y la Veeduría teme que la incertidumbre golpee la confianza de inversionistas y acreedores cuando el sistema más necesita estabilidad.
/Colprensa.
